Las obras y objetos que habían sido desmontados el pasado 15 de octubre volvieron a las salas del Museo Nacional de Colombia, en cumplimiento de una decisión del Juzgado 24 de Familia de Bogotá. Entre los elementos restituidos se encuentran una bandera LGBTIQ+, publicaciones feministas, afiches de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, el Balígrafo y el tarjetón de la Séptima Papeleta.
El Museo Nacional de Colombia reinstaló entre el 29 y el 30 de octubre las piezas y objetos que habían sido retirados de sus salas de exposición el pasado 15 de octubre, luego de una decisión judicial que ordenó su restitución. La medida puso fin, por ahora, a una controversia que abrió un debate nacional sobre la memoria histórica, la libertad de expresión y el papel de las instituciones culturales.
La decisión fue adoptada por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá, cuyo titular, el juez César Enrique Osorio Ortiz, ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional devolver los elementos a sus respectivos espacios en un plazo máximo de 48 horas. El fallo respondió a una acción de tutela presentada por el congresista Gabriel Becerra, junto con colectivos que reclamaron la protección de derechos fundamentales.
Entre los elementos que regresaron a las vitrinas y espacios de exhibición se encuentran una bandera de la comunidad LGBTIQ+ perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, publicaciones de movimientos feministas, documentos relacionados con las luchas por los derechos de las mujeres y materiales sobre la diversidad sexual y de género. Su presencia representa diferentes procesos sociales que han marcado la historia contemporánea colombiana.
También fueron reinstalados los afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados en 1990. A estos elementos se suman el denominado Balígrafo, una pieza elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas FARC, y el tarjetón de la Séptima Papeleta, símbolo de la movilización ciudadana que impulsó el proceso constituyente de 1991.
La controversia comenzó después de que se conociera el retiro de más de 60 elementos distribuidos en diferentes salas del museo, relacionados con movimientos sociales, feministas, población LGBTIQ+, víctimas de la violencia política y procesos de paz. Según el inventario divulgado por el Ministerio de las Culturas, fueron desmontados 63 elementos, de los cuales 22 estaban clasificados como piezas patrimoniales y los restantes correspondían a facsímiles, objetos de apoyo y comodatos.
En su decisión, el juez señaló que las entidades debían garantizar los derechos a la libertad de expresión, el acceso a la cultura y la preservación de la memoria histórica. Además, ordenó abstenerse de retirar nuevamente contenidos por razones relacionadas exclusivamente con sus posturas o perspectivas, sin que existan justificaciones técnicas y curatoriales verificables que respalden esas determinaciones.
El fallo también cuestionó que no se hubiera presentado documentación suficiente que acreditara la aprobación del retiro por parte del Comité de Gestión Patrimonial del museo, ni un concepto curatorial que sustentara la exclusión de los elementos. No obstante, la decisión aclaró que las piezas no tienen que permanecer exhibidas indefinidamente, siempre que cualquier modificación responda a criterios profesionales, institucionales y respetuosos del pluralismo.
Con la restitución de las piezas, el episodio abre nuevamente la discusión sobre la autonomía de las instituciones culturales, la representación de diferentes sectores sociales y el derecho de los ciudadanos a conocer distintas perspectivas de la historia nacional. Mientras se completa el montaje de los elementos, la sala «Fuerza, Fe y Sustancia» permanece cerrada temporalmente, según reportes de prensa.
