En la noche de este lunes 27 de enero, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, en su peluquería en Bogotá. La detención se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena en su contra por los daños ocasionados a la estación Molinos de Transmilenio durante las protestas del Paro Nacional en noviembre de 2019.
El fallo, emitido por la Sala de Casación Penal, confirmó la sentencia a 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público. Además, incluye una multa de 492 salarios mínimos legales vigentes en 2019 y la inhabilidad para ejercer como influencer o creadora de contenido durante el tiempo que dure su condena.
A través de sus redes sociales, la empresaria de productos capilares expresó su angustia por la captura. “Es muy triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiendo a un vehículo del CTI. Siempre quise arreglar lo del Transmilenio, pagarlo, y estos cinco años he trabajado para salir adelante y generar empleo”, comentó Barrera en un video.
La captura se produjo luego de varios años de controversia en torno al caso. En 2021, Epa Colombia había solicitado un recurso de apelación para reducir su condena, argumentando arrepentimiento y un cambio de vida a través de sus emprendimientos. Sin embargo, la Corte consideró que sus acciones no solo afectaron el patrimonio público, sino que también pusieron en riesgo la seguridad y el orden social.
El fallo también resalta que los actos de Barrera en 2019 instigaron a otros a cometer delitos similares durante las protestas, agravando su responsabilidad penal. La lectura oficial de la sentencia está programada para este miércoles 29 de enero en el despacho del magistrado Fernando Bolaños.
La captura ha generado opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos defienden las sanciones como un acto de justicia, otros cuestionan la proporcionalidad de la condena frente a casos de corrupción y otros delitos graves en el país.
Con este fallo, se marca un precedente en Colombia sobre las consecuencias legales para figuras públicas que incurren en actos de violencia o vandalismo, especialmente en un contexto de alta exposición mediática.
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