El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que, pese al fallo de la Corte Constitucional que ordenó el reintegro de la EPS a sus dueños, la entidad continúa sin cumplir los requisitos financieros exigidos.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que una evaluación reciente realizada por el Gobierno evidenció que la EPS Sanitas aún presenta graves incumplimientos en materia de capital, patrimonio y reservas técnicas. La advertencia surge después de que la Corte Constitucional fallara a favor de la entidad, ordenando su reintegro a los dueños, en medio de una crisis que ha puesto en el centro del debate el modelo de aseguramiento en salud del país.
De acuerdo con Jaramillo, el informe muestra que los indicadores financieros de la EPS se encuentran por debajo de lo exigido en la normatividad vigente. Este déficit compromete la estabilidad de la entidad y afecta directamente la capacidad de atención a los usuarios, lo que enciende nuevamente las alarmas sobre la viabilidad del sistema de salud colombiano en su conjunto.
El jefe de la cartera de Salud reiteró que, aunque el fallo de la Corte Constitucional debe cumplirse, la responsabilidad del Gobierno es salvaguardar el derecho fundamental a la salud y garantizar que las EPS operen bajo condiciones sólidas y seguras. Según el funcionario, permitir el funcionamiento de entidades sin respaldo económico suficiente pone en riesgo la prestación del servicio y la vida de los afiliados.
En ese sentido, el ministro recalcó que la problemática de Sanitas no es aislada, sino que hace parte de un escenario más amplio en el que varias EPS presentan dificultades similares. Esto, añadió, evidencia fallas estructurales en el modelo de aseguramiento que, en la práctica, ha dejado a millones de colombianos en una situación de incertidumbre frente a su atención en salud.
La Corte Constitucional, por su parte, había señalado en su decisión que el proceso administrativo que llevó a la intervención de Sanitas no cumplió con el debido proceso, por lo que ordenó devolver el control a los propietarios. Sin embargo, el fallo no evaluó los estados financieros de la entidad, aspecto que hoy el Ministerio de Salud pone de relieve como un factor de alto riesgo.
Jaramillo enfatizó que el Gobierno no se opone a las decisiones judiciales, pero insistió en que las EPS deben demostrar sostenibilidad económica para poder seguir operando. “No se trata de un capricho político, sino de un asunto técnico que impacta directamente a los usuarios”, puntualizó, al explicar que los reportes demuestran insuficiencia de capital y déficit patrimonial en Sanitas.
Ante esta situación, el Ministerio de Salud anunció que continuará con el monitoreo permanente de la EPS y aplicará las medidas de vigilancia necesarias para evitar que los pacientes sufran interrupciones en sus tratamientos o se vean expuestos a una disminución en la calidad del servicio. Asimismo, se reiteró que el sistema debe avanzar hacia un modelo más sólido que garantice sostenibilidad y confianza.
La polémica en torno a Sanitas se suma al debate nacional sobre la reforma a la salud que impulsa el Gobierno, cuyo propósito es transformar el actual modelo de aseguramiento. Para expertos, el caso evidencia la urgencia de cambios estructurales, mientras que los usuarios expresan temor por un posible colapso del sistema si las EPS no logran superar la crisis financiera que las afecta.