El informante ha señalado a Andrés Hurtado, actual alcalde, y a Johana Aranda, secretaria de Salud, como receptores de una suma de $3.000 millones destinados a la campaña electoral de 2019.
Además, la denuncia revela que parte de ese financiamiento ilícito habría sido devuelto al Clan del Golfo a través de contratos de fumigación del COVID y del Dengue en 2020. Sin embargo, el informante asegura que no se pagó la totalidad de la suma acordada, generando un vínculo financiero irregular entre el gobierno local y la organización criminal.
El excontratista también afirma que Johana Aranda le habría instado a permanecer en silencio bajo amenazas de consecuencias graves para todos los involucrados. El denunciante asegura contar con pruebas en forma de grabaciones de audio y conversaciones por chat que respaldarían sus afirmaciones.
Otro elemento sorprendente de la denuncia es la presencia de Carolina Hurtado, hermana del alcalde, en las reuniones relacionadas con estos supuestos nexos con el Clan del Golfo. Según el informante, los paramilitares vinculados a Carolina Hurtado habrían amenazado a opositores políticos en Lérida, donde ella previamente había sido alcaldesa.
Ante estas acusaciones, se exige una intervención inmediata por parte de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las denuncias.
Este escándalo podría tener consecuencias significativas en el panorama político local, y se hace un llamado a los ciudadanos de Ibagué para que expresen su rechazo a la reelección de lo que algunos ya han denominado como una “NARCO-ALCALDÍA”.
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