La Agencia del Inspector General descubrió la manipulación de los software SYGA, MUISCA y LUCÍA para facilitar el contrabando técnico, la evasión de impuestos y devoluciones ilegales millonarias.
La directora de la Agencia del Inspector General (ITRC), Eva Carolina Madrid, reveló los devastadores resultados de una auditoría profunda a los sistemas tecnológicos de la DIAN. La investigación, impulsada tras las denuncias del presidente Gustavo Petro, confirmó la adulteración de los software SYGA, MUISCA y LUCÍA para favorecer el contrabando técnico. Estas plataformas, diseñadas para el control aduanero y tributario, habrían sido modificadas para permitir el ingreso de mercancías sin la debida supervisión estatal. El informe detalla cómo operadores y entidades autorizadas aprovecharon estas brechas digitales para introducir productos al país evadiendo los protocolos de seguridad. Esta vulneración sistémica representa un golpe directo a las finanzas públicas y a la transparencia institucional de la entidad. Los hallazgos sugieren una planeación técnica orientada a debilitar el control aduanero en puntos neurálgicos de la geografía nacional.
Uno de los puntos más alarmantes del informe describe la suplantación de identidad y el uso de cuentas de usuarios de manera criminal. Se identificó que exfuncionarios de puertos, cuatro particulares y, asombrosamente, siete personas ya fallecidas realizaron operaciones activas dentro de los sistemas de la DIAN. Además, la auditoría detectó que cuentas personales de funcionarios vigentes eran vendidas en el mercado negro para ejecutar procedimientos ilegales sin dejar rastro. Esta comercialización de credenciales permitió a terceros ajenos a la entidad manipular trámites de importación y exportación con total libertad. La falta de protocolos de autenticación robustos facilitó que agentes externos intervinieran en la toma de decisiones administrativas y fiscales. La gravedad de esta intrusión compromete la integridad de la base de datos más sensible del Estado colombiano actualmente.
La red de corrupción también involucró al sector privado, identificando a 32 empresas importadoras que manipulaban directamente los software institucionales para su beneficio. En seccionales específicas como Santa Marta, se detectó el ingreso irregular de vehículos de alta gama pertenecientes a diplomáticos, superando los valores comerciales permitidos. Asimismo, las zonas económicas especiales se convirtieron en focos de evasión debido a una ausencia casi total de control en el ingreso de mercancías. La manipulación del Registro Único Tributario (RUT) fue otra herramienta clave para ingresar materiales de minería a nombre de personas naturales. Estos procesos permitieron el flujo de recursos y bienes sin que el Estado pudiera ejercer su facultad de recaudo y vigilancia. El entramado corporativo involucrado en estas irregularidades ya está bajo la lupa de las autoridades judiciales competentes.
En el área de gestión de activos, la auditoría reveló irregularidades críticas en los remates de bienes y la valoración de propiedades estatales. Muchos procesos jurídicos prescribieron debido a una inactividad deliberada, permitiendo que peritos recibieran propiedades por valores muy superiores al precio comercial real. Esta negligencia administrativa provocó una pérdida patrimonial considerable, beneficiando a particulares mediante procedimientos que debieron ser transparentes y competitivos. Por otro lado, los malos procedimientos en las devoluciones tributarias generaron un hueco fiscal inicial estimado en más de 3.000 millones de pesos. La falta de rigor en la verificación de requisitos permitió que el dinero de los contribuyentes terminara en manos de quienes no tenían derecho. La inoperancia de los controles internos en estos departamentos facilitó la ejecución de maniobras financieras altamente sospechosas.
El hallazgo más oneroso se vincula con procesos jurídicos irregulares que otorgaron devoluciones millonarias sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la ley. La directora Madrid informó que se detectó un detrimento patrimonial de 44.000 millones de pesos derivados de estos fallos administrativos viciados. Adicionalmente, se encontraron fallas en el registro de viajeros en los aeropuertos de Cartagena y Medellín, donde se evadió la consignación diaria de recursos. Estos dineros, recaudados directamente en las terminales aéreas, no ingresaban al sistema central, desapareciendo en el flujo operativo de las seccionales. La falta de conciliación bancaria diaria permitió que estas pequeñas fugas de capital se convirtieran en una pérdida sistemática de recursos. La suma de estos hallazgos dibuja un panorama de corrupción estructural que permeó múltiples niveles de la administración tributaria.
Finalmente, la Agencia ITRC advirtió que un solo registro adulterado en el sistema puede abrir la puerta al ingreso de un número indeterminado de contenedores. Esta capacidad de multiplicación del fraude magnifica el impacto económico del contrabando técnico denunciado por el Gobierno Nacional ante la opinión pública. Debido a la complejidad y el alcance de los delitos, toda la información ha sido trasladada a la Fiscalía General y a la Contraloría. Se espera que estas entidades inicien los procesos penales y de responsabilidad fiscal contra los funcionarios y particulares que articularon esta red. La transparencia del sistema tributario colombiano depende ahora de la celeridad con la que se logren desmantelar estas mafias internas. El presidente Petro ha solicitado una depuración inmediata de la entidad para recuperar la confianza de los ciudadanos.
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