El reciente descubrimiento de un millonario contrato concedido al esposo de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha generado un gran revuelo en Colombia. Sjoerd Van Grootheest, antropólogo y realizador visual holandés, ha sido contratado para liderar la estrategia de comunicación sobre sustitución de cultivos ilícitos en el país. El contrato, valorado en la suma de $128.770.332 pesos, fue firmado el pasado 7 de julio y establece pagos mensuales de $10,7 millones. Estos recursos provienen de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, una entidad adscrita a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
El otorgamiento de este contrato ha sido duramente criticado en las redes sociales, especialmente por opositores al gobierno de Gustavo Petro. Daniel Briceño, asesor político, expresó su descontento y señaló que la contratación del esposo de la ministra Vélez confirma las denuncias de nepotismo que rodean al actual gobierno.
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se defendió de las acusaciones a través de su cuenta de Twitter. Afirmó que no existe ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en relación con el proceso contractual y las actividades de su esposo.
Asimismo, aclaró que en su declaración de bienes y conflicto de intereses inicial sí había informado sobre su cónyuge, pero que debido a un error de digitación durante una actualización posterior, esa información fue omitida y luego corregida.
Vélez también destacó que las actividades profesionales de su esposo no son nuevas y que han sido reconocidas durante años. Insistió en que no existe ninguna relación entre las labores desempeñadas por Van Grootheest y sus funciones como ministra, y aseguró que tanto ella como su esposo trabajan por el bienestar de su familia y para cubrir los gastos del hogar.
Finalmente, este escándalo pone de relieve la importancia de la transparencia y la ética en la contratación pública. La sociedad demanda que se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer esta situación y se tomen medidas para evitar posibles conflictos de intereses en el futuro. Las autoridades correspondientes deberán tomar cartas en el asunto y garantizar una gestión adecuada de los recursos estatales, velando siempre por el interés general de la ciudadanía.
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