Carlos Evelio Herrera García, exmandatario de Villahermosa, enfrenta una nueva condena por organizar un falso atentado armado en 2012, con el fin de lograr protección oficial. El juez ya emitió fallo condenatorio y la sentencia se conocerá en octubre.
Carlos Evelio Herrera García, quien fue alcalde del municipio tolimense de Villahermosa, está a punto de recibir una nueva condena judicial tras comprobarse que, en 2012, orquestó un atentado simulado contra su propia vida. El propósito del montaje era obtener un esquema de seguridad con carro blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El falso atentado ocurrió el 19 de febrero de ese año, cuando Herrera circulaba por la vía que conecta a Villahermosa con Líbano, en el sector Gato Negro. Según relató entonces, tres hombres armados lo interceptaron y dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba.
No obstante, las autoridades comenzaron a sospechar de inconsistencias en su testimonio. Tras una detallada investigación liderada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, se descubrió que todo fue un montaje planeado desde la misma Alcaldía.
En el marco de este proceso también fueron judicializados Álvaro Alarcón Amaya, quien disparó contra el automóvil, y Jeison Andrés León Canizales, quien facilitó el arma utilizada. Ambos fueron condenados a 60 y 45 meses de prisión, respectivamente.
Carlos Evelio Herrera ya había sido sentenciado en 2022 por delitos relacionados con este caso, incluyendo falsa denuncia agravada, fraude procesal y fraude a subvenciones, por lo cual recibió una pena de 48 meses.
Ahora, un juez acaba de emitir sentido de fallo condenatorio en su contra por el delito de porte ilegal de armas agravado. La audiencia de lectura de la sentencia quedó programada para octubre de 2025, con lo que se cierra otro capítulo de este caso de engaño institucional.
El proceso ha desatado críticas y debates sobre el uso indebido de los recursos de seguridad del Estado. Además, ha generado preocupación por el precedente que sienta frente al aprovechamiento político de los esquemas de protección. La justicia colombiana refuerza con este caso su compromiso frente a los abusos de poder, dejando claro que ni los exfuncionarios están por encima de la ley.
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