El Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral amparó los derechos de las víctimas en la Circunscripción 15, tras determinar que la UARIV falló en la socialización oportuna de los requisitos para postularse al Congreso. La sentencia obliga a la Registraduría a extender el plazo hasta el 30 de enero de 2026, garantizando así la participación política efectiva en Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.
En una decisión judicial sin precedentes para el sur del Tolima, el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Chaparral profirió una sentencia de tutela que protege el derecho fundamental a la participación política de las víctimas. El fallo, fechado el 18 de diciembre de 2025, responde a la acción interpuesta por el personero de Planadas, Rider Rojas Rojas, quien denunció barreras administrativas insuperables para los aspirantes a las Curules de Paz. La justicia determinó que tanto la igualdad como el debido proceso fueron vulnerados debido a la falta de una pedagogía estatal oportuna y eficaz en la región. Esta providencia judicial busca corregir las fallas detectadas en la implementación de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 15 para el periodo constitucional 2026-2030.
El eje central de la controversia radicó en la actuación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conocida como UARIV. Según el despacho judicial, esta entidad expidió la Resolución 02439 de 2025 apenas 36 días antes del inicio del periodo formal de inscripciones de candidaturas. Dicha normativa regula la expedición de certificaciones de condición de víctima, un requisito indispensable y “sine qua non” para participar en este proceso electoral especial. La tardanza administrativa generó que la población afectada no contara con un plazo razonable para conocer, socializar o implementar los trámites exigidos por la ley. El juez resaltó que el Estado tiene una obligación reforzada de facilitar estos mecanismos de representación en zonas de conflicto.
La investigación judicial comprobó que la UARIV incumplió el artículo cuarto de su propia resolución, el cual le obligaba a realizar campañas intensivas de sensibilización. Aunque la entidad presentó pruebas de actividades realizadas en noviembre de 2025, el juzgado advirtió que estas ocurrieron después de iniciado el calendario electoral. Para el momento en que se abrieron las inscripciones el 8 de noviembre, las víctimas de Planadas, Ataco, Chaparral y Rioblanco aún desconocían los procedimientos técnicos. Esta negligencia administrativa derivó en un perjuicio directo para numerosos aspirantes que no pudieron tramitar sus certificaciones a tiempo. La sentencia enfatiza que las Curules de Paz no deben reducirse a un simple trámite formal sin garantías reales de acceso.
Ante la gravedad de los hallazgos, el juez Jorge Enrique Manjarrés ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar una modificación excepcional al calendario electoral vigente. El registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, deberá ampliar el periodo de inscripción para la Circunscripción 15 hasta el próximo 30 de enero de 2026. Esta extensión es necesaria para compensar el tiempo perdido por la falta de información y asegurar que todos los interesados logren postularse. La orden judicial es de cumplimiento inmediato y se otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para que la Registraduría oficialice este cambio. El incumplimiento de este mandato podría acarrear sanciones legales severas y procesos por desacato contra los funcionarios responsables.
De manera simultánea, la sentencia impuso obligaciones estrictas a la UARIV para subsanar el vacío pedagógico que dio origen a la acción de tutela. El director de la unidad, Adith Rafael Romero Polanco, debe iniciar de inmediato campañas de sensibilización presenciales y virtuales en los municipios afectados. Estas jornadas de formación y acompañamiento técnico deberán extenderse obligatoriamente hasta el día 9 de enero del año 2026. El objetivo es que cada víctima interesada reciba asesoría clara sobre cómo obtener la certificación que acredita su condición ante el Estado. La justicia busca que la información fluya directamente hacia los territorios más apartados de la geografía tolimense antes del cierre de inscripciones.
El fallo también incluyó disposiciones para vigilar el cumplimiento de las órdenes y establecer posibles responsabilidades por la omisión administrativa detectada. Se ordenó comunicar lo decidido a los superiores jerárquicos de la UARIV y la Registraduría para que aseguren el acatamiento de la tutela. Asimismo, se instó a iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios remisos que permitieron que se vulneraran los derechos de la población vulnerable. La providencia judicial vinculó a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes por el eventual incumplimiento de funciones. El juzgado fue enfático en que no permitirá dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la representación política de las víctimas.
Esta decisión representa un avance significativo en la consolidación de la justicia transicional y el cumplimiento del Acto Legislativo 02 de 2021. Las 16 circunscripciones especiales fueron creadas para dar voz a quienes han sufrido directamente el impacto de la guerra en Colombia. En el caso del Tolima, la Circunscripción 15 es un espacio vital para la reconstrucción del tejido social en el sur del departamento. La sentencia de Chaparral sienta un precedente importante al exigir que el Estado no solo cree leyes, sino que garantice las condiciones materiales para su ejercicio. Ahora, las víctimas cuentan con una ventana de oportunidad adicional para participar activamente en la democracia y reclamar su espacio en el Congreso.
Finalmente, el juzgado dispuso que, en caso de no ser impugnada, la sentencia sea remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Los personeros de los municipios involucrados deberán brindar acompañamiento y seguimiento estricto al cumplimiento de las jornadas pedagógicas ordenadas. La comunidad de Ataco, Rioblanco, Planadas y Chaparral queda convocada a participar activamente en este proceso electoral ahora bajo condiciones más justas. El fallo cierra recordando que la efectividad de los derechos fundamentales es la base primordial de cualquier sociedad que pretenda alcanzar la paz. Con este amparo judicial, el sur del Tolima espera ver una contienda electoral nutrida y representativa de sus realidades territoriales.
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