La Fiscalía acusa a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presunto peculado, fraude procesal y falsedad documental. Entre 2019 y 2023 habrían ocultado facturas y maquillado balances para mostrar utilidades ficticias, mientras los recursos de la salud eran desviados.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, señalados de participar en un entramado de corrupción que habría desviado más de $70.500 millones de pesos. El caso involucra a las más altas instancias de la entidad, responsables de velar por los recursos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
El proceso judicial vincula directamente al entonces presidente de la EPS, José Fernando Cardona Uribe, quien junto con tres de sus más cercanos colaboradores habría ejecutado prácticas fraudulentas para alterar la contabilidad de la empresa. Según el ente investigador, se trató de una política sistemática orientada a ocultar pérdidas, inventar utilidades y engañar a los entes de control.
Los demás implicados son Juan Carlos Isaza, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza, excontador general; y Fabián Peralta, exgerente de cuentas médicas. La Fiscalía sostiene que, en conjunto, diseñaron una red de maniobras ilegales que no solo afectó la transparencia institucional, sino que también puso en riesgo la atención médica de miles de usuarios de la entidad.
El escrito de acusación detalla que, entre los años 2019 y 2023, los directivos implementaron prácticas contables fraudulentas. Entre estas, no registrar la totalidad de la facturación real, alterar estados financieros, ocultar pérdidas recurrentes y presentar balances con utilidades ficticias. Todo ello con el propósito de mostrar una solidez financiera inexistente ante la Superintendencia Nacional de Salud.
La consecuencia de estas maniobras fue un gigantesco detrimento patrimonial. Los $70.500 millones de pesos que debían estar destinados a cubrir deudas con las IPS y garantizar la prestación de los servicios de salud, terminaron presentados como utilidades ficticias. Con ello, lograron engañar a la junta directiva y aprobar balances maquillados que encubrían el desangre financiero.
Los delitos imputados por la Fiscalía incluyen peculado por apropiación, fraude procesal, falsedad en documento privado y omisión de control. Estos cargos reflejan la gravedad de las irregularidades cometidas y apuntan directamente a un esquema de corrupción institucionalizado dentro de la entidad.
El caso ha generado una fuerte polémica en la opinión pública. Mientras algunos sectores critican al Gobierno nacional por la intervención de la Nueva EPS, las investigaciones revelan que las irregularidades tienen un historial de más de dos décadas, ligadas principalmente a directivos cercanos a sectores políticos de derecha.
Para la Fiscalía, este proceso judicial es una muestra de la necesidad de un mayor control sobre las EPS. El ente acusador recalca que los mecanismos fraudulentos no solo atentaron contra la sostenibilidad del sistema de salud, sino también contra la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.
Desde el Gobierno, la investigación refuerza el argumento de que la intervención en la Nueva EPS no responde a un capricho político, sino a la urgencia de proteger los recursos de la salud. En palabras de voceros oficiales, la vigilancia estricta y la auditoría profunda son indispensables para evitar que hechos de corrupción sigan afectando a los usuarios del sistema.
Ahora será la justicia la que determine la responsabilidad penal de los exdirectivos acusados. El juicio, que apenas inicia, marcará un precedente en el sector salud, evidenciando que la impunidad no puede ser el destino de quienes malversan recursos destinados a garantizar la vida y la dignidad de millones de ciudadanos.
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