Un juez ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, entregar información detallada sobre los recursos recaudados para atender a las víctimas del terremoto. La organización tiene 48 horas para explicar ingresos, gastos, ayudas entregadas y saldos disponibles.
La administración de más de $54.000 millones en donaciones destinadas a las víctimas del terremoto quedó bajo escrutinio judicial, luego de que un juez ordenara a la Primera Dama, Ana Lucía Pineda, y a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas entregar explicaciones sobre el manejo de estos recursos.
La decisión se produjo en el marco de una acción de tutela promovida por el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, quien busca establecer cuánto dinero fue recaudado, cuál ha sido su destinación y qué mecanismos de vigilancia se aplicaron para garantizar su correcta administración.
El congresista había presentado inicialmente un derecho de petición ante la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la fundación, solicitando información sobre los aportes recibidos y las inversiones realizadas. Al considerar que no obtuvo una respuesta de fondo, acudió a la justicia.
En su determinación, el juez concedió un plazo de 48 horas para que la organización presente los soportes correspondientes sobre el dinero recibido, los gastos ejecutados, los bienes adquiridos o entregados a los damnificados y los recursos que todavía permanezcan en sus cuentas.
La controversia está relacionada con la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, impulsada después del terremoto del 10 de agosto. En esta iniciativa, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue habilitada como uno de los canales para recibir aportes, junto con el Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.
Tras conocerse el fallo, Ocampo insistió en la necesidad de garantizar transparencia en la administración de las contribuciones ciudadanas. “La plata de las donaciones no puede manejarse como plata de bolsillo”, manifestó el senador, al advertir que los colombianos tienen derecho a conocer el destino de los recursos.
El legislador también anunció que realizará seguimiento al cumplimiento de la orden judicial y advirtió que, si la fundación no entrega una respuesta satisfactoria dentro del plazo establecido, promoverá un incidente de desacato para exigir el cumplimiento de la decisión.
Por ahora, la determinación judicial no constituye una declaración de irregularidades ni establece responsabilidades penales, sino que exige información verificable sobre la trazabilidad de las donaciones. Entretanto, la Primera Dama había anunciado previamente que publicaría una rendición de cuentas en el portal web de la organización.
