En una mesa de alto nivel liderada por Cortolima, se solicitó el relevo estratégico de uniformados en el sur del departamento ante presuntas filtraciones de información y la expansión del control de grupos armados.
La lucha contra la extracción ilícita de yacimientos mineros en el sur del Tolima ha tomado un giro administrativo y judicial tras una reciente mesa interinstitucional. Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de Cortolima, se formuló una solicitud formal para el traslado de varios uniformados de la Policía Departamental asignados a esta zona. La petición surge en un contexto de máxima alerta por la expansión de actividades extractivas ilegales que están devastando ecosistemas estratégicos en la región. Según fuentes que mantuvieron reserva de su identidad, el pedido busca renovar el pie de fuerza encargado de los operativos de control ambiental. El objetivo primordial es recuperar la efectividad en las acciones estatales contra las redes criminales que operan en el territorio. Se espera que este relevo permita una respuesta más contundente ante el daño ecológico que no se detiene.
La solicitud de rotación de personal fue presentada en el marco del Consejo Nacional de la Lucha Contra la Deforestación (CONALDEF), convocado por el Ministerio de Ambiente. Tres fuentes distintas confirmaron a medios locales que la petición no se dirigió contra el mando superior, sino contra mandos medios y operativos. Los participantes de la reunión expresaron la necesidad urgente de contar con nuevos perfiles policiales que garanticen la transparencia en los procedimientos de campo. La mesa técnica analizó cómo la minería criminal está ganando terreno frente a los esfuerzos institucionales que parecen ser insuficientes actualmente. Se enfatizó que la permanencia prolongada de ciertos uniformados en zonas críticas podría estar afectando los resultados esperados. Por seguridad, no se revelaron los cargos de quienes lideraron la propuesta de cambio ante el Gobierno nacional.
La preocupación institucional se fundamenta en la presunta interferencia de grupos armados organizados en el negocio de la minería ilegal en el sur. Informes de inteligencia revelaron que el frente ‘Ismael Ruiz’, vinculado a la estructura de alias ‘Iván Mordisco’, es el principal responsable de esta actividad. Esta disidencia de las FARC estaría utilizando la minería como una fuente de financiación clave para sus operaciones bélicas y territoriales. La presencia de estos grupos criminales dificulta las labores de vigilancia y pone en riesgo la vida de los inspectores ambientales. La combinación de armas y maquinaria pesada ha generado un impacto irreversible en los cauces de los ríos y bosques protegidos. El relevo policial se plantea entonces como una medida de blindaje para asegurar que el orden público prevalezca.
De acuerdo con los registros de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), durante el año se han ejecutado apenas cinco operativos de control minero. Las intervenciones se han focalizado en sectores críticos como Mesa de Pole y Pueblo Nuevo en Ataco, además de zonas en Chaparral y Planadas. A pesar de estos esfuerzos, la escala de la minería ilegal sigue superando con creces la frecuencia de las acciones de la autoridad. Los yacimientos detectados en veredas como Apone y Sur de Ata muestran una tecnificación que requiere una inteligencia policial más avanzada. La infraestructura detectada en estas veredas sugiere que las organizaciones cuentan con sistemas de alerta temprana para evadir las capturas. Por ello, la renovación del cuerpo policial es vista como un paso lógico para cambiar las tácticas actuales.
Uno de los momentos más tensos de la reunión fue la denuncia sobre posibles filtraciones de información sensible respecto a los movimientos de las autoridades. La directora de Cortolima, Olga Alfonso, advirtió públicamente que ha recibido comunicaciones anónimas destinadas a sabotear operativos programados en municipios como Ataco. “Recibí una llamada donde me dicen que no vaya, porque no iba a encontrar nada”, relató la funcionaria ante los asistentes. Este tipo de advertencias confirman que los delincuentes conocen de antemano el cronograma de la fuerza pública y los técnicos ambientales. Las filtraciones estarían permitiendo que la maquinaria sea escondida y los campamentos evacuados minutos antes de que lleguen las autoridades. Esta situación genera una profunda desconfianza sobre la cadena de mando y las comunicaciones dentro de la zona operativa.
El impacto ambiental derivado de esta actividad ilegal está afectando gravemente el suministro de agua y la biodiversidad en el sur del Tolima. Los químicos utilizados para la extracción de oro, como el mercurio, están contaminando las fuentes hídricas que abastecen a miles de campesinos. Cortolima ha señalado que los ecosistemas golpeados tardarán décadas en recuperarse, si es que se logra detener la intervención de inmediato. La minería ilegal no solo destruye el suelo, sino que altera la dinámica social al imponer economías de guerra en las veredas. Por esta razón, el componente ambiental ha pasado a ser un tema de seguridad nacional discutido en los más altos niveles. La urgencia de la mesa interinstitucional refleja que se ha llegado a un punto de no retorno.
La Policía Departamental del Tolima aún no ha emitido un comunicado oficial sobre los traslados solicitados durante la mesa técnica del CONALDEF. Se espera que en los próximos días se realice un consejo de seguridad extraordinario para definir la viabilidad jurídica y operativa de los relevos. El mando policial deberá evaluar las hojas de vida de los nuevos uniformados que serían destinados a estas zonas de alto conflicto. El desafío radica en seleccionar personal con probada trayectoria en delitos ambientales y sin vínculos previos con la región del sur. La transparencia será el requisito fundamental para que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones de control estatal. Mientras tanto, la minería ilegal continúa su avance implacable en los municipios de Ataco, Planadas y Chaparral.
Finalmente, el Gobierno nacional ha sido instado a brindar garantías de seguridad para los funcionarios de Cortolima que realizan las inspecciones de campo. La lucha contra la deforestación y la minería criminal requiere un esfuerzo coordinado que trascienda la simple vigilancia policial de rutina. La sociedad civil en el Tolima demanda que los resultados de las investigaciones sobre las filtraciones de información se den a conocer pronto. El relevo de los uniformados debe ser el inicio de una estrategia integral que incluya inversión social para las comunidades rurales. Solo así se podrá desincentivar la participación de los pobladores en actividades ilícitas promovidas por grupos armados ilegales. El futuro ambiental del sur del Tolima depende de la honestidad y eficacia de quienes portan el uniforme oficial.
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