Exjefes de La Oficina de Envigado acusan a Federico Gutiérrez de presuntos nexos

Exjefes de la Oficina de Envigado, alias “Carlos Pesebre” y alias “Douglas”, revelaron a RTVC Noticias supuestos vínculos con el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y la concejala Claudia Carrasquilla. Sus declaraciones reavivan el debate sobre la histórica connivencia entre actores políticos y estructuras criminales en Antioquia.

Estas afirmaciones se enmarcan en la confrontación política entre el modelo de seguridad de mano dura de Gutiérrez y la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional, y resuenan con el precedente del caso del exsecretario de Seguridad Gustavo Villegas en 2017. La revelación pone en tela de juicio las narrativas oficiales sobre la reducción de la violencia en la ciudad y podría tener serias implicaciones judiciales y electorales para los implicados.

Los testimonios de los antiguos cabecillas de la Oficina de Envigado, Freyner Ramírez (alias “Carlos Pesebre”) y Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Douglas”), han sacudido el panorama político y de seguridad en Medellín. En una entrevista con RTVC Noticias, los exjefes criminales relataron sus supuestos vínculos con el alcalde Federico Gutiérrez y la concejala Claudia Carrasquilla. Estas declaraciones no son un incidente aislado, sino que emergen del contexto de los diálogos de paz urbana promovidos por el Gobierno Nacional con estructuras del Valle de Aburrá. La publicación de los testimonios ha reabierto un debate perenne sobre la relación entre la clase política y los grupos armados ilegales, un tema que ha marcado la historia reciente de la capital antioqueña. La situación plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del “milagro” de seguridad de Medellín, que durante años ha sido presentado como un modelo a nivel nacional. Las revelaciones sugieren una dinámica más compleja que la simple aplicación de la fuerza.

En su testimonio, alias “Carlos Pesebre” afirmó haber conocido al hoy alcalde Federico Gutiérrez cuando este era concejal de Medellín, en encuentros sociales y deportivos. Según Ramírez, los encuentros se realizaban en canchas de barrio y en varias ocasiones, después de los juegos, compartían cerveza. Desde su lugar de reclusión, criticó lo que calificó como un “doble discurso” de las autoridades, que en aquel entonces veían con naturalidad la interacción con líderes barriales y miembros de organizaciones ilegales, pero ahora estigmatizan a quienes promueven los procesos de paz. Este detalle sobre los “espacios comunitarios” es significativo, pues apoya la idea de que en ciertos territorios de la ciudad existía un tipo de “gobierno criminal” en el que los actores políticos y delincuenciales interactuaban para mantener un orden de facto. Tales interacciones, vistas por Pesebre como una “realidad que siempre ha existido en los barrios”, reflejan una normalización de estas relaciones que complejiza cualquier narrativa de seguridad. El exjefe criminal incluso invitó a Gutiérrez a sumarse a las mesas de diálogo, un gesto que busca dar legitimidad política a los criminales y sus propuestas de paz.

Por su parte, alias “Douglas” profundizó las acusaciones, afirmando que durante periodos electorales hubo reuniones con líderes de su entorno. El exjefe de la Oficina de Envigado aseguró que la concejala Claudia Carrasquilla le habría mencionado la importancia de su influencia para los proyectos políticos de Gutiérrez. Según el testimonio, Carrasquilla le dijo: “Douglas, Federico quiere llegar a la presidencia y el camino es ustedes. Ustedes son la forma de nosotros hacer política”. Esta afirmación eleva las acusaciones de una simple relación social a una presunta instrumentalización de los grupos armados con fines electorales y de poder. “Douglas” incluso afirmó que existen grabaciones de conversaciones en las que la concejala habría solicitado favores, lo que convierte la denuncia en un asunto de potencial peso probatorio. Las acusaciones, si bien aún no han sido verificadas, plantean la posibilidad de que el supuesto éxito en materia de seguridad se haya logrado a través de una negociación indirecta o de una pax mafiosa, en lugar de una “lucha frontal”.

En respuesta, el alcalde Federico Gutiérrez ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de un “show mediático” orquestado por el Gobierno Nacional para desacreditarlo como figura de la oposición. Gutiérrez ha afirmado que el presidente Gustavo Petro es el responsable de lo que le pueda suceder, acusándolo de ponerse “del lado de los peores criminales”. En su defensa, el alcalde reitera que su modelo de seguridad se basa en una “lucha frontal en contra de las estructuras criminales”. Ha destacado las 160 capturas de jefes de estructuras criminales que se realizaron durante su anterior mandato, incluyendo la “junta directiva” de la Oficina de Envigado, y ha señalado que estos grupos no lo quieren por su contundente ofensiva. Al enmarcar las acusaciones como una estrategia de intimidación política, Gutiérrez busca desviar la atención de los señalamientos específicos y situar el debate en el terreno de la polarización política colombiana. La narrativa de una víctima perseguida por el gobierno y los delincuentes a la vez es una estrategia para reforzar su imagen de líder combativo.

Los nuevos señalamientos encuentran un eco preocupante en el caso de Gustavo Villegas, exsecretario de Seguridad de Gutiérrez en 2017. Villegas fue capturado por presuntos nexos con la Oficina de Envigado y la banda criminal La Terraza. Si bien Federico Gutiérrez ha sostenido que Villegas fue condenado por un delito menor (omisión de denuncia) y no por nexos con la mafia, fuentes de la Fiscalía indican que el funcionario llegó a un preacuerdo que le permitió evitar un juicio por el delito de “concierto para delinquir agravado”, a pesar de la existencia de múltiples pruebas. La sentencia condenatoria detalla cómo Villegas aprovechó su posición para adquirir contactos con la organización criminal y proteger sus negocios personales. El caso Villegas es un precedente que le otorga a las nuevas acusaciones una dimensión de patrón recurrente en lugar de un hecho aislado.

Un elemento central de la controversia es el choque entre dos filosofías de seguridad opuestas. Por un lado, la “lucha frontal” y la “mano dura” que defiende el alcalde Gutiérrez, a la que atribuye la reducción histórica de homicidios en Medellín. Por otro, la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional, que busca el diálogo sociojurídico con estructuras criminales, legitimando su papel como interlocutores. La tensión se hace evidente cuando tanto Gutiérrez como los exjefes criminales reclaman el mérito por la baja de la violencia. Si la paz es producto de un pacto entre bandas, como sugieren los testimonios, se revela que la seguridad de la ciudad no depende exclusivamente de la efectividad estatal. Esto plantea una cuestión fundamental: ¿es preferible una paz impuesta por el crimen a cambio de una legitimidad tácita? Este dilema pone de manifiesto la complejidad de la realidad de Medellín, donde la línea entre el combate y la negociación puede ser sumamente delgada.

El rol de las estructuras criminales en Medellín es un factor clave para comprender la dimensión de estas acusaciones. La Oficina de Envigado, surgida de la cultura del narcotráfico, ha operado históricamente como una red de bandas subordinadas que ejercen un poder de facto en los barrios. Este fenómeno, conocido como “gobierno criminal”, implica que estas organizaciones asumen funciones que el Estado no provee, como la resolución de conflictos o el control del orden social. Las afirmaciones de los exjefes criminales sobre su capacidad para reducir los homicidios y las extorsiones no son inverosímiles desde esta perspectiva. Su participación en los diálogos de paz urbana puede interpretarse como una evolución de su influencia: ya no solo buscan impunidad, sino un reconocimiento como actores políticos con poder de negociación, lo que desafía el monopolio de la violencia y la autoridad estatal.

Las revelaciones tienen inmediatas y profundas implicaciones en el ámbito político y judicial. La denuncia formal interpuesta contra el alcalde Gutiérrez por presuntos vínculos con estructuras criminales eleva el asunto del debate mediático a una investigación de la Fiscalía General de la Nación. Esto podría afectar su futuro político y eventuales aspiraciones presidenciales. Por su parte, el alcalde ha exigido a las autoridades investigar cómo y con qué excusa se permitió a los exjefes criminales salir de prisión para participar en los diálogos de paz, evidenciando un profundo quiebre de confianza en las instituciones del Estado y una politización de los procesos de justicia y seguridad. La situación deja al descubierto las tensiones existentes entre el poder local y el Gobierno Nacional, con acusaciones mutuas de instrumentalización de la justicia y los diálogos para fines políticos. La gravedad de los señalamientos radica en su potencial para desencadenar una serie de investigaciones que trasciendan el actual ciclo político.

La figura de la concejala Claudia Carrasquilla es otro eje central de la controversia. Alias “Douglas” la acusa de buscar su influencia para los proyectos políticos de Gutiérrez. No obstante, Carrasquilla, quien fue fiscal contra el crimen organizado, es a su vez una figura con su propia historia de confrontaciones. Otras fuentes criminales la han acusado de supuestas “prácticas mafiosas” como la fabricación de amenazas para ganar popularidad y publicidad. El propio Federico Gutiérrez la ha defendido, señalando que ella fue quien desmintió las acusaciones en su contra durante el caso Villegas. Las afirmaciones contradictorias sobre Carrasquilla, provenientes tanto del ámbito criminal como del político, ilustran la complejidad de las relaciones en Medellín y sugieren que los individuos que ascienden en la política y la justicia pueden tener historias difíciles de rastrear con las estructuras criminales de la ciudad, un fenómeno que va más allá de un simple conflicto entre “buenos y malos”.

En conclusión, los testimonios de alias “Carlos Pesebre” y “Douglas” han reactivado un debate histórico en Medellín y en toda Colombia sobre la delgada línea entre la política y el crimen organizado. Las narrativas opuestas sobre la autoría de la reducción de la violencia—la “mano dura” de Gutiérrez versus los diálogos de “Paz Total”—evidencian un choque de filosofías de seguridad que tiene profundas implicaciones para el futuro del país. El precedente del caso Gustavo Villegas agrega una capa de complejidad, sugiriendo que las supuestas conexiones no son un hecho reciente, sino un patrón histórico. La situación revela una crisis institucional, donde la legitimidad de las autoridades es cuestionada tanto por actores políticos como por los propios criminales. El “milagro” de seguridad de Medellín, que tanto se ha promocionado, se presenta ahora como un fenómeno complejo y ambiguo, cuyas bases están sujetas a un continuo y profundo escrutinio público y judicial.