El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó “ante el Tribunal Supremo de Justicia un requerimiento acusatorio contra la ciudadana Jeanine Áñez”, quien está en prisión preventiva desde marzo, pero la decisión de si habrá un juicio recae en el Congreso. El delito más grave del que se le acusa, el de “genocidio”, es sancionado con pena de cárcel de 10 a 20 años, de acuerdo al Código Penal boliviano.
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La acusación se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.
De acuerdo a una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentada esta semana en La Paz, en ambos hechos murieron 22 personas (11 en cada una), del total de 37 fallecidos que dejó la violencia política en el marco de la renuncia del presidente izquierdista Evo Morales.
Por su lado, Lanchipa dijo que en Sacaba y Senkata hubo “20 muertos”. Esos hechos han sido “calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte”, señaló el fiscal. El 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Morales, la entonces segunda vicepresidenta del Senado, la opositora derechista Jeanine Áñez, se proclamó presidenta interina.
Áñez dejó el poder en noviembre tras la elección de Luis Arce, aliado de Morales, y en marzo fue detenida. El Tribunal Supremo debe solicitar al Congreso la autorización para un “juicio de responsabilidades o de privilegio”, que debe ser aprobado por dos tercios del Parlamento, controlado por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales.
La expresidenta no se ha pronunciado sobre la acusación, pero el martes publicó en Twitter: “Exigimos respeto a la Constitución, garantías con un debido proceso e igualdad de condiciones”.
Áñez, varios de sus ministros y exjefes militares y policiales son señalados por el actual gobierno y el partido oficialista de haber dado un golpe de estado contra de Morales en 2019, con apoyo de la Iglesia católica, la Unión Europea, políticos bolivianos de derecha y centro, así como los gobiernos del argentino Mauricio Macri y ecuatoriano Lenín Moreno. Bolivia se sumió en una convulsión tras las elecciones de octubre de 2019. Los resultados oficiales favorecieron a Morales, que buscaba la reelección hasta 2025, pero la oposición denunció fraude.
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