Según la Fiscalía, Grosso Sandoval habría direccionado un contrato con serias irregularidades a favor de una Institución Prestadora de Salud (IPS) en la región, lo que habría causado un importante detrimento patrimonial en los recursos destinados a la salud, estimado en la escalofriante cifra de $1.453 millones.
Este último capítulo en la saga de corrupción involucra un contrato suscrito por Grosso Sandoval durante su mandato como presidente de Cafesalud EPS. En agosto de 2015, se habría firmado un acuerdo con una IPS en el Tolima para brindar atención médica integral a los pacientes del departamento. Sin embargo, las investigaciones revelan que en diciembre del mismo año, Grosso Sandoval habría firmado un otrosí que modificó drásticamente las condiciones originales del contrato, generando un sobrecosto mensual de más de $200 millones, representando un incremento del 74%.
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La Fiscalía también ha planteado serias dudas sobre la transparencia y la selección objetiva en el proceso de contratación. A pesar de afirmaciones iniciales de que más de 100,000 personas habían recibido atención médica, las pruebas presentadas en la investigación indican que este número se reduce drásticamente a solo 18,468 pacientes.
El proceder de Grosso Sandoval habría infringido principios fundamentales en la administración pública, como la planeación adecuada y la transparencia en los procesos de contratación. Además, la IPS beneficiaria del contrato supuestamente no cumplía con los requisitos estipulados, careciendo de personal necesario y no estando habilitada para ofrecer los servicios requeridos. Esta situación habría dejado a cientos de afiliados desatendidos y en una situación precaria.
La gravedad del caso se profundiza con el desvío de recursos hacia la remodelación y adaptación de una clínica de la IPS en cuestión, un acto claramente prohibido por la ley. Grosso Sandoval ha sido imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Hasta el momento, el expresidente no ha aceptado los cargos.
Este escándalo arroja una sombra sobre el sistema de salud y pone en evidencia la necesidad de una supervisión más estricta en los procesos de contratación, especialmente en un sector de vital importancia para la ciudadanía. Mientras el país sigue lidiando con los estragos de la corrupción, se espera que la justicia siga su curso y se esclarezcan las responsabilidades en este nuevo episodio que afecta gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
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