El Consejo Territorial de Planeación (CTP) de Ibagué sigue sin ser escuchado por la administración municipal, a pesar de su rol fundamental en la supervisión del Plan de Desarrollo. A más de un año del mandato de la alcaldesa Johana Aranda, la falta de voluntad política para atender a este organismo genera preocupación entre los sectores ciudadanos.
Ha pasado más de un año desde que Johana Aranda asumió como alcaldesa de Ibagué, y un actor clave en la planificación de la ciudad sigue sin ser atendido: el Consejo Territorial de Planeación (CTP). Esta instancia de participación ciudadana, encargada de hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo, ha sido sistemáticamente ignorada por la administración municipal, dejando en el aire compromisos que, hasta la fecha, no se han cumplido.
Uno de los compromisos incumplidos fue la dotación de herramientas para que los consejeros pudieran evaluar el avance del Plan de Desarrollo, una promesa hecha por la Secretaría de Planeación para octubre de 2024. Sin embargo, al día de hoy, el CTP no ha recibido lo necesario para ejercer su función, lo que limita su capacidad de veeduría y debilita la transparencia en la gestión pública.
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El Consejo Territorial de Planeación no es un grupo de opinión sin incidencia, sino un organismo oficial que tiene la responsabilidad de supervisar y emitir recomendaciones sobre el desarrollo de la ciudad. Su desconocimiento por parte de la administración local no solo pone en duda el compromiso del gobierno con la participación ciudadana, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la manera en que se están tomando las decisiones en Ibagué.
La negativa a establecer un diálogo con el CTP es un desaire no solo hacia sus miembros, sino hacia toda la ciudadanía. La participación no es una cortesía del gobierno, sino un derecho consagrado en la ley. Al marginar al CTP, la administración de Aranda cierra espacios fundamentales de control ciudadano y deja en entredicho su voluntad de gobernar con transparencia.
Ignorar la supervisión del CTP abre la puerta a la discrecionalidad en la ejecución del Plan de Desarrollo. Sin instancias de control activas, las decisiones pueden tomarse sin el escrutinio necesario, aumentando el riesgo de corrupción y afectando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En lugar de fortalecer la gobernanza participativa, la administración parece optar por una estrategia de aislamiento y falta de rendición de cuentas.
El caso del presidente del CTP en 2024, Giovanny Amaya, es un claro ejemplo de los esfuerzos que se han hecho para obtener respuesta de la administración municipal. Amaya insistió en la necesidad de una reunión con la alcaldesa, pero sus solicitudes fueron ignoradas o respondidas con excusas. Ante esta situación, el caso fue llevado a la Personería de Ibagué, donde aún está en proceso de resolución.
El desarrollo de Ibagué no puede avanzar sin supervisión ni participación ciudadana. Ignorar al CTP no solo debilita la democracia local, sino que sienta un precedente preocupante sobre la relación del gobierno con los espacios de control ciudadano.
Es urgente que la alcaldesa Johana Aranda rectifique su postura y cumpla con los compromisos adquiridos con el CTP. El diálogo con los consejeros debe ser una prioridad, y su labor de seguimiento debe ser respetada y fortalecida. La transparencia en la gestión pública no se garantiza con informes en papel, sino con una participación real y efectiva de la ciudadanía en las decisiones que afectan el futuro de la ciudad.
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