Un juez de la República ha ordenado el embargo de 160 apartamentos en el conjunto residencial Bosques de Santa Cecilia, ubicado en el barrio El Salado de Ibagué. Este proyecto, desarrollado por la familia Hincapié, ha dejado a igual número de familias en una situación crítica. Los afectados aseguran haber pagado sus viviendas sin que el dinero aparezca en Bancolombia, mientras la familia Hincapié, vinculada al gobierno de Gustavo Petro, enfrenta señalamientos por parte de los afectados.
Aproximadamente 600 personas, entre ellas adultos mayores, mujeres gestantes, niños y personas con discapacidad, se encuentran en una situación desesperada. A pesar de haber pagado por sus apartamentos, los fondos nunca llegaron al banco. Según los afectados, la influencia política de los Hincapié les ha permitido presuntamente evadir responsabilidades.
El juzgado segundo comisionó al juzgado primero para llevar a cabo la diligencia de embargo de los apartamentos, favoreciendo a la fiduciaria de Bancolombia. La disputa legal se originó cuando se descubrió que los ocupantes pagaron a la constructora H&H, propiedad de los Hincapié, pero no al banco, que alega que el dinero se obtuvo de forma indebida.
El conflicto comenzó en 2018, cuando los compradores de los apartamentos empezaron a exigir sus escrituras y se enteraron de que la constructora H&H se había declarado en insolvencia económica.
Los fondos pagados por las viviendas no aparecían, lo que llevó a la fiduciaria de Bancolombia a reclamar nuevamente los pagos a los propietarios.
A pesar de que los ocupantes presentaron recibos de paz y salvo emitidos por la constructora, certificando el pago de más de 120 millones de pesos por cada inmueble, Bancolombia inició un proceso para embargar los apartamentos. La situación ha generado varias batallas jurídicas, culminando seis años después con la orden de embargo emitida por un juez.
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Los afectados han expresado su indignación y desamparo. Aseguran que el dueño de la constructora, que tiene vinculos al gobierno de Petro, han evadido presuntamente sus responsabilidades, dejando a las familias sin hogar.
La comunidad exige justicia y una solución a esta problemática, destacando la necesidad de que las autoridades tomen medidas contra los presupuestos responsables. La situación refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones y en el sistema judicial, exacerbada por la percepción de impunidad debido a conexiones políticas.