El gobierno dejó de pagar parte de los intereses de los créditos educativos, obligando a los beneficiarios a asumir el costo total.
Más de 327 mil estudiantes y egresados en Colombia se vieron afectados por la decisión del Icetex de suspender el subsidio a los intereses de sus créditos educativos. La entidad informó que, debido a la falta de recursos, el gobierno ya no asumirá parte del pago, por lo que los beneficiarios deberán cubrir la totalidad de los intereses pactados desde el inicio del préstamo.
Esta medida impacta directamente a 125 mil jóvenes que actualmente cursan estudios superiores con financiamiento del Icetex, así como a 184 mil egresados que continúan pagando sus créditos. Además, deja sin apoyo a 18 mil estudiantes que esperaban recibir subsidios de graduación, según alertó la Asociación Colombiana de Universidades.
El presidente Gustavo Petro responsabilizó a la Corte Constitucional por esta situación, argumentando que el tribunal tumbó en 2023 un artículo de la reforma tributaria que contemplaba tasas de interés cero para créditos educativos. Sin embargo, esta decisión judicial no está relacionada con los subsidios eliminados por el Icetex, lo que ha generado confusión en la opinión pública.
Detrás de la decisión gubernamental hay un cambio de enfoque en la política educativa. Petro ha sido crítico del Icetex, señalando que esta entidad favorece a las universidades privadas al financiar el acceso a sus programas. En contraste, el gobierno apuesta por fortalecer la educación pública como eje central de su estrategia.
Los estudiantes y egresados afectados han manifestado su preocupación, ya que el aumento en sus cuotas de pago podría poner en riesgo su estabilidad económica y, en algunos casos, la continuidad de sus estudios. Organizaciones estudiantiles han exigido una solución que alivie el impacto de la medida y garantice condiciones más justas para los deudores.
El Icetex, por su parte, ha señalado que continuará ofreciendo opciones de refinanciación y flexibilización de pagos para quienes enfrenten dificultades económicas. No obstante, sin los subsidios del gobierno, los beneficiarios deberán asumir mayores costos en sus obligaciones financieras.
Este cambio en el sistema de créditos educativos pone en evidencia los desafíos del acceso a la educación superior en Colombia y reaviva el debate sobre el papel del Estado en su financiamiento. Mientras algunos sectores defienden la eliminación de subsidios como un paso hacia la gratuidad de la educación pública, otros advierten que la medida podría excluir a miles de jóvenes del sistema universitario.
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