La captura fue llevada a cabo por la Dijín en el búnker de la Fiscalía en la ciudad, por orden del Juzgado 76 Penal de Bogotá. El caso surge a raíz de una investigación de la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio, que ocupó una finca en Pereira, donde se encontraron elementos que relacionaban a esta propiedad con el empresario alias ‘Messi’. Sorprendentemente, se descubrió que la finca estaba a nombre de la fiscal Blanca Patricia Márquez Ricaurte, quien habría adquirido la propiedad a través de un contrato de compraventa en el que participaron familiares de alias ‘Messi’.
El allanamiento realizado en la finca, que fue sede de la empresa Las Ingenierías S.A.S., vinculada al ‘Clan del Golfo’ para ocultar ingresos ilícitos, habría permitido descubrir esta aparente vinculación de la fiscal con la organización criminal. La finca, valuada en $8.000 millones, habría sido adquirida por la fiscal Márquez Ricaurte por tan solo $220.000.000, lo que ha generado sospechas sobre la procedencia de los recursos utilizados para la compra de la propiedad.
En una audiencia virtual ante el Juzgado Sexto de Control de Garantías de Ibagué, el fiscal 40 especializado de Bogotá imputó cargos por testaferrato a la fiscal Márquez Ricaurte, quien no aceptó dichos cargos. La juez llamó la atención al delegado de la Fiscalía por la rapidez en materializar la orden de captura, y finalmente, se determinó la medida de aseguramiento domiciliaria para la funcionaria.
La defensa de la fiscal apeló la medida, argumentando que la escritura pública del inmueble era de Yopal y no de Pereira, buscando así cuestionar la vinculación de su defendida al caso. Alias ‘Messi’, John Fredy Zapata Garzón, fue condenado previamente por delitos como concierto para delinquir agravado, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito. Se le consideraba el ‘empresario fachada’ del temido ‘Clan del Golfo’, utilizando diversas empresas para lavar multimillonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico.
Las autoridades han revelado que Zapata Garzón mantenía relaciones con personas influyentes en el eje cafetero, Antioquia y Córdoba, lo que lo convierte en un objetivo clave para la lucha contra el tráfico de drogas. Además, tanto él como algunos de sus familiares han sido incluidos en la lista de sanciones por la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por colaborar con actividades ilícitas.
Este escándalo de corrupción y supuestos nexos con el crimen organizado ha generado gran preocupación en Ibagué y ha puesto en tela de juicio la integridad y transparencia de algunos funcionarios públicos. Las investigaciones continúan para esclarecer los detalles de esta trama y se espera que la justicia prevalezca en busca de la verdad y el castigo a aquellos que buscan beneficiarse de actividades ilegales.
