Este jueves en medio de una entrevista con Semana, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que la entidad ejercerá la extinción de dominio contra los transportadores que obstruyan las vías públicas en Colombia.
“Este momento la Fiscalía General de la Nación va a proceder a que los vehículos que estén obstruyendo vías públicas y que puedan afectar derechos de la ciudadanía, la Fiscalía va a ejercer la acción de extinción de dominio”, señaló el funcionario.
“Y me voy a quedar, esta Fiscalía se va a quedar con los camiones en el marco de la extinción”, Francisco Barbosa.
Sobre las manifestaciones de los últimos días, comentó que una cosa es la protesta pacífica y otra los hechos de terrorismo y bloqueo de vías. “Crear miedo no es un derecho fundamental, eso hace parte del terrorismo, y los responsables tendrán que responder por ese delito”, aseveró en la entrevista.
“No es normal que le bloqueen las vías de acceso a la ciudad, no es normal que le generen un pánico económico, no es normal que le obstruyan de forma lógica y ordenada los diferentes puntos de la ciudad, que ataquen los peajes, que ataquen las estaciones de gasolina. Con las formulaciones de imputación y medidas de aseguramiento sabemos que detrás de eso están gaos (grupos armados residuales) y el ELN”, comentó Barbosa.
El 5 de mayo, Barbosa sostuvo una reunión con el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que instalaron una mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, con el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones.
La competencia de la Fiscalía General de la Nación en el caso de los desaparecidos es activar los mecanismos de búsqueda urgente con la finalidad de ubicar a las personas de manera inmediata de los casos reportados por las diferentes entidades.
En ese sentido, el jefe del ente acusador destacó un equipo de fiscales y policía judicial del CTI, la Dijín y la Sijín de la Policía Nacional, que estará coordinado por un fiscal adscrito a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación, tendiente a recaudar material probatorio que permita esclarecer los hechos reportados.
Igualmente, se contará con un delegado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que estará encargada de que las personas reportadas como desaparecidas queden en el registro nacional. Además, apoyará en la ubicación de las personas a partir de la identificación plena de cadáveres.
Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios, ejecutados durante las jornadas de protestas, de los cuales el ente acusador estableció, en el marco de sus competencias, que 11 muertes violentas se dieron dentro de las manifestaciones, 7 están en proceso de verificación y 6 más no tienen relación con las jornadas de movilización, acreditadas con los distintos informes de policía judicial.
Según lo indicado por el Fiscal Barbosa, de los 11 casos de homicidio, 3 les serán imputados a miembros de la Policía Nacional. Igualmente, con relación a las desapariciones, la Defensoría, a través de sus mecanismos internos de quejas presentó 89 casos. No obstante, al depurar la información, la Fiscalía con sus equipos en terreno y personal de la misma Defensoría lograron ubicar a 38 personas.
“La Defensoría del Pueblo ha recaudado información, quejas y reporte de toda la ciudadanía a través de los canales de atención en las 42 regionales en todo el país. Reportes sobre presuntas desapariciones y homicidios en el marco de la protesta social, para ello ha activado un mecanismo de búsqueda que consiste en visitar Medicina Legal, en visitar las Unidades de Reacción Inmediata, las estaciones de Policía y los centros de protección por traslado, así como también hospitales y clínicas”, señaló el defensor Carlos Camargo
