El fiscal encargado del caso, Mario Burgos, ha sido objeto de críticas por posibles omisiones de detalles cruciales durante la reciente audiencia judicial, lo que plantea interrogantes sobre la profundidad real de la investigación en medio de un posible entramado de corrupción que involucraría a figuras políticas de peso.
La indagación ha tomado un nuevo giro tras la revelación de una investigación publicada por el portal Vorágine. Según este reporte, la Gobernación del Atlántico habría asignado un presupuesto de 400 millones de pesos para la atención de personas de la tercera edad en la región. Sin embargo, se alega que parte de estos fondos habrían sido desviados hacia actores diferentes, entre ellos Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, Gustavo Adolfo de la Ossa, director de la fundación Conciencia Social, y Pedro Name, también exesposo de Vásquez y contratista en diversas ocasiones para la Alcaldía de Barranquilla.
El papel del fiscal Burgos ha sido fundamental en este caso, ya que está encargado de investigar a Nicolás Petro y Day Vásquez por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la aparente omisión de detalles sustanciales en la audiencia del pasado 3 de agosto ha suscitado inquietudes sobre la transparencia y exhaustividad del proceso.
En particular, se ha puesto en duda la manera en que el fiscal Burgos presentó la información. A pesar de exponer irregularidades en un contrato adjudicado por Raúl José Lacouture Daza, secretario general de la Gobernación del Atlántico, a la fundación Conciencia Social, Burgos no señaló directamente a Lacouture por posibles prácticas irregulares en la adjudicación. La ausencia de enfoque en este punto clave ha planteado dudas sobre la dirección de la investigación y si esta explorará con profundidad las conexiones políticas involucradas en el presunto esquema de corrupción.
La relación cercana entre Lacouture y figuras políticas de renombre, como la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y Álex Char, quien busca la alcaldía de Barranquilla por tercera vez, ha llamado la atención. Bajo la administración de los Char, la fundación Conciencia Social ha obtenido múltiples contratos millonarios, en los que tanto Day como Nicolás Petro han figurado como beneficiarios.
A pesar de la presentación de mensajes de WhatsApp que involucraban a Daysuris Vásquez y Gustavo de la Ossa en negociaciones relacionadas con los fondos destinados a la atención de personas mayores, Burgos no profundizó en la posible implicación de Lacouture. Además, aunque se mencionó la entrega de dinero a Nicolás Petro por parte de la fundación, el fiscal no lo vinculó directamente a Lacouture en ningún delito.
Las incógnitas que rodean esta investigación plantean cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad de la Fiscalía en el manejo de casos que involucran a figuras políticas. La relevancia política del proceso, que tiene entre sus protagonistas al hijo mayor del actual presidente Gustavo Petro, añade un componente adicional de sensibilidad y escrutinio a la situación.
En medio de estas controversias, la ciudadanía espera que la justicia prevalezca y que la investigación en torno al presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito logre arrojar luz sobre las conexiones políticas y las posibles irregularidades administrativas, contribuyendo así a fortalecer la confianza en las instituciones judiciales y el sistema democrático del país.
