El exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, ha sido citado por la Fiscalía General de la Nación para una audiencia de conciliación por el presunto delito de calumnia. La audiencia, que se celebrará el jueves 27 de junio a las 10:00 de la mañana, se llevará a cabo en presencia del demandante, José Edilson Pava, vocero de los transportadores.
Los hechos que llevaron a esta citación ocurrieron durante el paro transportador de 2023. En ese contexto, Hurtado emitió unas declaraciones en las que acusaba a Pava de recibir pagos para promover paros y de haber sido detenido por quemar un peaje. Estas afirmaciones generaron gran controversia y llevaron a Pava a emprender acciones legales por considerar que dichas declaraciones atentaban contra su buen nombre.
“Llama la atención que sean los transportadores quienes busquen a una persona con este prontuario delictivo. Es una persona (José Edilson) que ha sido detenida y procesada no solamente por haber quemado peajes como el de la vía hacia el Líbano, sino también por porte ilegal de armas”, dijo Hurtado en una de sus declaraciones. Estas palabras encendieron la polémica y provocaron la respuesta inmediata de Pava.
En otro momento, Hurtado agregó: “Yo he visto a uno de ellos que es contratado, no tiene carro ni buseta y se le paga para que venga a parar a Ibagué. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos para que le prestemos atención a todo esto, porque lo que buscamos es que ustedes tengan un mejor servicio. Asimismo, hay que estar muy despiertos ante estos personajes, pues ya sabemos su nombre, José Edilson Pava, quien promueve estos paros”.
José Edilson Pava, por su parte, ha negado rotundamente las acusaciones de Hurtado. Según Pava, la información difundida por el exalcalde es falsa y ha solicitado públicamente que Hurtado rectifique sus declaraciones. Pava argumenta que estas afirmaciones no solo son inexactas, sino que también dañan su reputación y afectan su integridad como líder de los transportadores.
La audiencia de conciliación será un espacio crucial donde ambas partes podrán exponer sus argumentos y buscar una resolución al conflicto. De no alcanzarse un acuerdo, el caso podría escalar a instancias judiciales mayores, prolongando el proceso y sus posibles consecuencias para ambas partes involucradas.
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