Una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema investiga al senador Óscar Barreto y al exgobernador Ricardo Orozco por presunto direccionamiento de millonarios contratos de gasificación rural en Tolima, beneficiando a dos empresas vinculadas a sus aliados, con posibles coimas involucradas, en un allanamiento sorpresa a la Gobernación que revela otro posible esquema financiero del grupo político conservador.
Fiscales especializados de Bogotá, adscritos a una unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, irrumpieron de manera inesperada en la sede de la Gobernación del Tolima para recopilar evidencias sobre un presunto cartel financiero ligado al ‘barretismo’. Esta estructura política, liderada por el senador conservador Óscar Barreto, habría utilizado proyectos de gasificación rural como fuente de financiación irregular. Los investigadores solicitaron documentación detallada de contratos adjudicados durante las administraciones de Barreto (2016-2019) y Ricardo Orozco (2020-2024). Según fuentes judiciales, el foco está en el direccionamiento de fondos públicos hacia dos empresas locales que acapararon más del 70% de la contratación en este sector. Estas firmas, propiedad de socios comunes, podrían tener vínculos ocultos con los líderes investigados. El allanamiento busca probar si se trata de un esquema de corrupción sistemática. Hasta ahora, no hay capturas, pero la pesquisa avanza con análisis de informes financieros. Este caso se suma a otras indagaciones contra el barretismo por irregularidades en Tolima.
La investigación apunta a que Barreto y Orozco habrían favorecido a estas dos compañías en contratos millonarios para gasificación rural, un programa clave para el desarrollo departamental. Entre 2018 y 2025, se adjudicaron obras por más de 128 mil millones de pesos, supuestamente con sobreprecios y adjudicaciones directas. Los fiscales sospechan de “negocios por debajo de cuerda” que incluirían coimas a cambio de exclusividad en los proyectos. Documentos solicitados incluyen actas de licitaciones, pagos y ejecuciones durante ambos mandatos. Fuentes cercanas al proceso indican que las empresas beneficiadas comparten accionistas con vínculos políticos al barretismo. Este esquema podría haber financiado campañas y actividades del grupo conservador en Tolima. La Contraloría ya había emitido embargos previos contra Barreto y Orozco por casos similares. Analistas ven en esto un patrón de corrupción en la contratación pública regional.
Óscar Barreto, actual senador y figura central del barretismo, enfrenta acusaciones de haber impulsado estos contratos durante su gobernación, priorizando aliados comerciales. Ricardo Orozco, su sucesor y aliado político, habría continuado el esquema, adjudicando la mayoría de los fondos a las mismas firmas. La Fiscalía examina si estos líderes recibieron beneficios económicos directos, como porcentajes de las obras ejecutadas. Informes preliminares sugieren irregularidades en procesos de selección, con posibles violaciones a la ley de contratación estatal. El allanamiento incluyó copias de informes técnicos y financieros de los proyectos de gasificación. En Tolima, estos programas buscan llevar gas natural a zonas rurales, pero podrían haber sido manipulados para ganancias privadas. Otras indagaciones fiscales contra Barreto datan de 2021 por delitos similares. Este nuevo frente judicial podría inhabilitarlos para cargos públicos futuros.
Las dos empresas implicadas, con socios interconectados, dominaron el mercado de gasificación en Tolima bajo las administraciones investigadas. Según la Fiscalía, esto no fue coincidental, sino resultado de un cartel que excluyó competencia real. Contratos por electrificación y gasificación suman cifras astronómicas, con posibles sobrecostos beneficiando a los políticos. Los investigadores buscan pruebas de coimas, como transferencias ocultas o propiedades adquiridas. La Gobernación cooperó con la entrega de documentos, pero no ha emitido declaraciones oficiales. Barreto y Orozco han negado irregularidades en el pasado, atribuyéndolas a persecución política. Este caso revela vulnerabilidades en la supervisión de fondos departamentales. La Corte Suprema podría asumir si se confirman delitos de alto impacto.
Reacciones en Tolima han sido mixtas: opositores al barretismo celebran la investigación como paso hacia la transparencia, mientras simpatizantes la ven como ataque electoral. Redes sociales como Facebook muestran publicaciones virales sobre el allanamiento, con debates sobre corrupción regional. La Contraloría imputó fiscalmente a Barreto, Orozco y otros en octubre 2025 por más de 6 mil millones en detrimentos. Este embargo los inhabilitaría temporalmente para funciones públicas hasta resarcir daños. Analistas políticos vinculan el caso a un patrón conservador en departamentos como Tolima. La gasificación rural, destinada a mejorar vida campesina, podría haber sido desviada para enriquecimiento ilícito. Futuras audiencias podrían revelar testigos clave o evidencias digitales. El Ministerio Público monitorea para posibles sanciones disciplinarias.
El barretismo, movimiento político influyente en Tolima, enfrenta su mayor escrutinio judicial con esta pesquisa sobre gasificación. Barreto, exgobernador y senador, ha sido imputado previamente por corrupción en contratos. Orozco, su delfín, comparte historial de investigaciones por detrimentos fiscales. Los proyectos rurales, financiados con recursos nacionales y departamentales, suman 128 mil millones en siete años. Fiscales analizan si hubo lavado de activos a través de las empresas beneficiadas. Comunidades rurales afectadas demandan claridad sobre el uso de fondos públicos. Este caso podría impactar las elecciones regionales venideras en Tolima. La Fiscalía prioriza pruebas documentales para formalizar cargos.
Expertos en anticorrupción destacan que carteles como este erosionan confianza en instituciones locales, afectando desarrollo rural. En Tolima, la gasificación busca reducir dependencia de leña, pero irregularidades frenan avances. La investigación podría extenderse a otros contratos del barretismo en sectores como vías e infraestructura. Barreto y Orozco preparan defensas legales, posiblemente alegando motivaciones políticas. Medios locales como El Olfato han revelado detalles exclusivos del allanamiento. Organismos de control como la Procuraduría podrían unirse al proceso. Este episodio subraya necesidad de reformas en contratación pública. Futuros allanamientos no se descartan en propiedades privadas.
Finalmente, esta indagación representa un golpe al poder del barretismo en Tolima, con implicaciones nacionales para el Partido Conservador. Si se prueban las coimas, podrían enfrentar penas por peculado y concierto para delinquir. Comunidades étnicas y campesinas esperan justicia por fondos desviados. La Fiscalía mantiene reserva para proteger la investigación. Barreto, activo en el Senado, no ha comentado públicamente aún. Orozco, fuera del cargo, enfrenta embargos previos. Este caso podría inspirar pesquisas similares en otros departamentos. La sociedad tolimaense demanda transparencia para restaurar fe en el gobierno local.
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