La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema documentos sobre posibles irregularidades en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías), señalando a 28 congresistas de diversas bancadas. Este escándalo podría superar en magnitud al de la Ungrd, revelando una red de corrupción en la contratación pública.
La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar a 28 congresistas por presunta corrupción en contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este caso, basado en el testimonio de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, podría superar el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La fiscal delegada María Cristina Patiño remitió la compulsa de copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde el magistrado César Reyes determinará el magistrado ponente encargado de las indagaciones preliminares. Según fuentes de La FM, los legisladores involucrados provienen de distintos partidos políticos y habrían participado en maniobras irregulares para la adjudicación de contratos.
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Entre los nombres señalados aparecen senadores y representantes como Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wilmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda y Karina Espinosa. La lista completa incluye legisladores de diversas regiones del país, lo que evidencia la posible magnitud del entramado de corrupción.
El proceso investigativo buscará determinar si existen méritos suficientes para vincular formalmente a los congresistas mencionados. En caso de hallar pruebas contundentes, podrían ser llamados a indagatoria, un paso clave para establecer responsabilidades penales en este escándalo de corrupción.
María Alejandra Benavides, testigo clave en el caso, se encuentra en conversaciones con la Fiscalía para negociar su inmunidad judicial a cambio de colaboración. Según Blu Radio, un preacuerdo permitiría que su testimonio aporte detalles cruciales sobre la red de corrupción en el Invías y su conexión con funcionarios públicos y contratistas.
El impacto del escándalo no solo es judicial, sino también político. La credibilidad del Congreso y la transparencia en la contratación pública están en entredicho, aumentando la presión sobre las autoridades judiciales para que actúen con rapidez y contundencia. La posibilidad de que Benavides revele más nombres o detalles sobre el esquema ilegal podría ampliar aún más la investigación.
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En respuesta a las acusaciones, la congresista Katherine Miranda negó cualquier relación con el caso y denunció que su inclusión en la lista responde a intereses políticos para perjudicar su imagen. Afirmó que nunca ha gestionado recursos ni ha intervenido en contratos del Invías.
La Corte Suprema ahora tiene en sus manos la responsabilidad de esclarecer la veracidad de las denuncias y determinar si el país enfrenta el mayor escándalo de corrupción en la contratación pública en los últimos años. La opinión pública y los entes de control siguen atentos a las decisiones que se tomen en las próximas semanas.
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