Carlos Eduardo Mora González fue señalado por la Fiscalía como el hombre que transportó al menor de edad que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe. Las cámaras de seguridad fueron clave para vincularlo al caso.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos formales contra Carlos Eduardo Mora González, por su presunta participación en el atentado perpetrado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático. Mora habría sido el encargado de transportar en motocicleta al menor de 15 años que ejecutó el ataque el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.
La información fue dada a conocer por el abogado Víctor Mosquera, quien representa los intereses del líder político. Según la defensa, el proceso avanza gracias al análisis detallado de las cámaras de seguridad del sector, las cuales muestran a Mora desplazándose junto al menor hasta el lugar del atentado.
El joven, quien ya fue imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, permanece bajo custodia de las autoridades en un centro especializado para menores. Su testimonio habría sido clave para identificar al nuevo implicado, quien ahora enfrentará un proceso judicial por complicidad agravada.
El ataque contra Uribe Turbay ha generado alarma a nivel nacional, no solo por tratarse de una figura reconocida en la política, sino por el uso de un menor en la comisión del delito, lo cual sugiere una estructura criminal detrás del atentado.
La Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer si hay más personas involucradas y si existen autores intelectuales detrás del plan. “No se trató de un acto aislado. Esto fue planeado, y vamos a llegar hasta el fondo”, señalaron fuentes cercanas al caso.
La defensa de Uribe ha solicitado reforzar las medidas de protección al precandidato, así como acelerar el esclarecimiento de los hechos, al considerar que estos representan un atentado no solo a una persona, sino a la democracia en pleno proceso electoral.
Hasta el momento, Carlos Eduardo Mora González no ha rendido declaraciones públicas. Su captura y judicialización representan un paso clave para desmantelar lo que podría ser una red delictiva dedicada a intimidar figuras políticas mediante el uso de menores de edad.
El país sigue atento al desarrollo del caso, que pone nuevamente en discusión temas como la seguridad de los líderes públicos, el reclutamiento de menores para actividades delictivas y la urgencia de fortalecer la protección de derechos civiles en contextos electorales.
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