La Fiscalía General presentó ante un juez penal de Bogotá la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), en un caso de corrupción que ha sacudido al gobierno. Durante la sesión de cinco horas, la fiscal Andrea Muñoz expuso nuevos involucrados y detalles que amplían el alcance del escándalo.
La audiencia mostró que las confesiones de López y Pinilla no solo implicaron a otros funcionarios, sino que también evidenciaron la profundidad del entramado de corrupción. Entre los implicados, la Fiscalía señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, quienes niegan cualquier participación en los hechos.
La Fiscalía cuestionó los decretos que declararon situaciones de desastre y calamidad pública en varias regiones del país, argumentando que estos facilitaban la contratación urgente de servicios, como el alquiler de carrotanques, con sobrecostos destinados a pagar sobornos a congresistas. Estos decretos, según la fiscal Muñoz, fueron utilizados para direccionar contratos a contratistas amigos, quienes inflaban los costos para cubrir las coimas.
Uno de los aspectos más destacados fue el uso indebido de 100 mil millones de pesos de la Ungrd para contratos de carrotanques y otros suministros en La Guajira. La fiscal afirmó que estos fondos fueron parte de un esquema de sobornos que incluyó pagos a excongresistas y otros altos funcionarios. Los pagos fueron detallados, revelando que 3.000 millones de pesos fueron entregados al expresidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
La Fiscalía también vinculó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a su asesora María Benavides, en la coordinación de contratos direccionados para municipios específicos. Esta acusación se basó en testimonios y mensajes que sugieren la intervención directa de Bonilla en la gestión de estos contratos.
Además, se implicó a César Augusto Manrique, director de la Función Pública, en el desvío de fondos para contratos irregulares. Manrique, junto con Luis Carlos Barreto, habría gestionado el traslado de 100 mil millones de pesos, usando estos fondos para contratos fraudulentos que incluían obras en La Guajira y otros departamentos.
Los contratos fraudulentos no se limitaron a La Guajira. La Fiscalía identificó sobrecostos en contratos de carrotanques en Córdoba, Buenaventura, Sucre y Bolívar, sumando 24.238 millones de pesos. Estas irregularidades fueron facilitadas por empresas no registradas como proveedoras, que fueron incluidas de manera expedita mediante sobornos.
Durante la audiencia, la fiscal reveló que Olmedo López y Sneyder Pinilla están negociando un principio de oportunidad con la Fiscalía, lo que podría implicar una colaboración más amplia en la investigación. Ambos exfuncionarios pidieron perdón, pero no aceptaron los cargos imputados.
En respuesta a las acusaciones, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro, se pronunciaron públicamente. Bonilla defendió su inocencia en redes sociales, mientras que Petro comparó el caso con el escándalo de Odebrecht, minimizando su gravedad.
La próxima audiencia, donde se decidirá si se imponen medidas de aseguramiento a López y Pinilla, se realizará el 7 de agosto. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia avanza en las investigaciones contra los congresistas implicados.