El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido acusado de atacar a los medios de comunicación y al periodismo en general, lo que ha socavado la credibilidad de los medios, ha presionado la agenda mediática y ha abierto la puerta a la criminalización de los medios.
Petro a través de su cuenta de Twitter hizo varios señalamientos en contra de Noticias Caracol por cubrir las manifestacones que se registraron en su contra por parte de integrantes de la reserva activa de las fuerzas militares que hacen uso de su buen retiro, “un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo”; más tarde, trinó que Caracol Noticias trataba de dividir a la fuerza pública del gobierno como respuesta al registro de una manifestación. Esta mañana, en otra publicación volvió a juzgar a Caracol Noticias por una noticia sobre la reforma laboral: “Otra noticia mentirosa.
Petro ha interferido en cómo y qué deben cubrir los medios de comunicación que lo critican, responsabilizándolos de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y reportajes de interés público. También ha sostenido que existe una campaña de desinformación orquestada o apoyada por el periodismo que informa sobre su gestión.
Estas acusaciones han afectado a periodistas individualizados por él mismo en sus redes sociales, y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido que esto eleva el riesgo al que están expuestos las y los periodistas en un país donde la violencia cobra la vida de los comunicadores.
Al respecto la Corte Constitucional en su T-454 de 2022 ha destacado la importancia de este derecho: “La libertad de expresión, su protección y todas las garantías que comprende son uno de los pilares básicos de la carta de derechos de los Estados democráticos, dada la trascendencia que tiene en la protección de otros derechos fundamentales, así como para la formación de la opinión pública, lo cual también favorece sociedades plenamente libres que cuenten con herramientas para ejercer adecuadamente sus derechos”.
En los últimos siete meses, tres periodistas han sido asesinados en Colombia. Además, la actitud del mandatario Gustvo Petro no es coherente con la política pública que garantice la labor de los periodistas en Colombia.
Desde la FLIP se reitera que el deber constitucional del presidente Petro es enviar un mensaje de respaldo a la prensa, adoptar medidas urgentes, adecuadas y eficientes para generar un espacio óptimo para el debate social utilizando las vías institucionales, así como promover y adoptar las garantías para la veeduría pública y de prensa sobre la función pública y la gestión del gobierno.
Las relatorías de libertad de expresión en su declaración conjunta afirmaron que “las personas en la política y funcionarias públicas deben abstenerse de hacer declaraciones que socaven la confianza del público en los medios como institución democrática o que pongan en peligro la seguridad de las y los periodistas y trabajadores de los medios”.
Finalmente, la situación ha sido advertida por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha afirmado que Petro está poniendo en riesgo la libertad de prensa en la región. Por esta razón, se hace un llamado a la RELE para que rechace y se pronuncie al respecto.
