La organización Fuerza Campesina ha emitido una denuncia pública en la que expresa preocupación por la situación que viven 24 familias campesinas en las fincas Balalaika y San Ignacio, ubicadas en el municipio de Fresno, Tolima. Estas tierras, administradas por el Fondo de Reparación de Víctimas, han sido cultivadas por estas familias durante más de dos años bajo los principios de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria, con el apoyo de entidades como el SENA y la Agencia de Desarrollo Rural.
En su comunicado, la organización denuncia la visita de Edinson Sandoval Cartagena, funcionario del Fondo de Reparación de Víctimas, quien arribó a las fincas el 18 y 19 de septiembre de 2024, acompañado por Felipe Ramírez, hijo del supuesto propietario de las tierras, José Luis Ramírez Carvajal. Según Fuerza Campesina, la presencia de Ramírez genera preocupación debido a la relación histórica de estas tierras con grupos paramilitares y a su situación actual de extinción de dominio.
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Fuerza Campesina advierte que estos hechos podrían poner en riesgo la seguridad de las familias que han trabajado en la recuperación de estas fincas, las cuales se encontraban en estado de abandono por parte de la Unidad de Víctimas antes de su llegada. La organización también señala la posible continuidad de acciones paramilitares en Fresno y el norte del Tolima, lo que agrava la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias campesinas.
Además, el funcionario Sandoval habría negado el derecho de las familias a reclamar los cultivos establecidos en las fincas, desconociendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las disposiciones de la Reforma Rural Integral, que busca garantizar el acceso a la tierra y el trabajo digno para los campesinos y campesinas.
Fuerza Campesina solicita la intervención inmediata de la Unidad de Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el Ministerio del Interior, para investigar las posibles omisiones del funcionario Edinson Sandoval y establecer una mesa de diálogo con las familias afectadas. La organización también exige el acompañamiento de defensores de derechos humanos y organismos de control para garantizar la protección de los derechos campesinos.
La escuela de formación campesina, que se desarrolla en estas fincas, ha sido un eje central en la capacitación y empoderamiento de las familias campesinas. El programa CampeSENA, junto a la Agencia de Desarrollo Rural y otros actores, ha permitido la implementación de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de los conocimientos agropecuarios de las comunidades.
Finalmente, Fuerza Campesina reitera su compromiso con la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, y llama a la comunidad internacional a prestar atención a esta situación que, según la organización, evidencia la fragilidad de la protección de los derechos campesinos en Colombia.