Practicantes de la Personería Municipal denunciaron bajo sello de confidencialidad a un funcionario directivo por acoso, conductas misóginas y maltrato. Aunque el proceso disciplinario ya está abierto, la Personería advierte que será difícil avanzar mientras la queja permanezca en el anonimato.
Una grave denuncia sacude la Personería Municipal de Ibagué tras la radicación de un escrito confidencial el 25 de junio de 2025, en el que varias practicantes señalan a un funcionario directivo de acoso, maltrato verbal y comportamientos misóginos. El documento relata que el servidor habría hecho insinuaciones indebidas a cambio de favores y, ante el rechazo, respondía con insultos y humillaciones. La denuncia, presentada de forma anónima, encendió las alarmas dentro y fuera de la institución encargada de velar por los derechos ciudadanos.
El funcionario señalado, al ser consultado rechazó categóricamente las acusaciones y las calificó como parte de una campaña de desprestigio en su contra. Según su versión, detrás de los señalamientos estarían personas inconformes con las investigaciones que ha adelantado en la Personería. También afirmó que sus cuentas personales han sido hackeadas y anunció que presentará testigos para contrarrestar las versiones de las denunciantes.
Por su parte, el personero de Ibagué, Eduardo Espinosa, confirmó la existencia del caso y lo describió como “delicado”. Sin embargo, evitó dar mayores declaraciones al tratarse de una denuncia anónima. Espinosa explicó que ya se abrió un proceso disciplinario interno contra el funcionario señalado y pidió a las posibles víctimas o testigos que se acerquen a la Fiscalía para formalizar las denuncias. Aclaró que sin testimonios identificados será difícil que prospere una sanción.
Las practicantes que firmaron el escrito afirman que durante sus procesos de formación se sintieron “vulneradas, intimidadas y deshumanizadas” por el funcionario. Denunciaron que algunas optaron por abandonar sus cargos para evitar represalias o daños en su futuro profesional. La presión psicológica, el miedo a perder sus prácticas y la falta de garantías fueron factores que, según ellas, perpetuaron el silencio.
En el documento también se describe un ambiente hostil dentro de la entidad. Las denunciantes señalan que el funcionario habría publicitado supuestos encuentros íntimos de manera obscena, lo que deterioró la convivencia laboral. Además, lo acusan de expresarse de manera despectiva hacia compañeros, afirmando que “él es el único que trabaja” y calificando a otros de “ineptos” o “buenos para nada”. Estas conductas, aseguran, normalizaron el maltrato en los espacios institucionales.
Otro de los aspectos más graves que se le atribuyen es su comportamiento fuera de la entidad. Las jóvenes afirman que, en su residencia y en el marco de actividades académicas, el funcionario habría tenido actitudes impropias, incluso en presencia de menores de edad. Tales hechos, de comprobarse, agravarían el contexto y podrían derivar en investigaciones penales por parte de la Fiscalía.
El caso ha generado un fuerte impacto en la comunidad académica y laboral de Ibagué, pues se trata de denuncias contra una institución llamada a proteger los derechos de los ciudadanos. La incoherencia entre la misión de la Personería y los señalamientos ha despertado preocupación en universidades, colectivos estudiantiles y organizaciones sociales que piden acompañamiento institucional y garantías para las víctimas.
Ante la magnitud de las denuncias, la atención se centra ahora en la Personería Nacional, la Procuraduría y la Fiscalía, entidades que podrían intervenir para asegurar que la investigación avance con imparcialidad y sin dilaciones. El llamado de las denunciantes es claro: que sus testimonios no queden en el olvido y que se tomen medidas ejemplares en defensa de los derechos de las mujeres que, aun bajo el temor, decidieron alzar su voz.
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