Aproximadamente a las 3:00 p.m. de este 20 de junio del 2023 el periodista de esta redacción accedió a uno de los edificios de la Rama Judicial ubicado en la carrea 5 con calle 41 en el edificio F25 de la ciudad de Ibagué, con el fin de validar como periodista el estado de las instalaciones y constatar la administración que ejerce los órganos de control sobre esta.
Puntualmente, se intentó entrevistar al personal del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la ciudad de Ibagué, encontrando solo dos funcionarios presentes al interior del despacho, los demás escritorios y puestos de trabajo estaban vacíos.
Al consultar directamente a un funcionario de este despacho y quien aparece en la foto, se negó a identificar, olvidando que como funcionario público está en la obligación de entregar su nombre cuando un ciudadano lo requiera; sin embargo, esta unidad investigativa logró conocer que se trata del señor Juan Molina. Este funcionario de manera agresiva, pocos cortes y cortante no quiso brindar información del lugar donde se encontraban los demás funcionarios y por qué no se encontraban en el puesto del trabajo, se le indago por la identificación (nombre) del Juez encargado de ese despacho, información que también se negó a entregar y por el contrario se limitó a señalar que todos estaban en una reunión en otro piso, así como el responsable de ese despacho.
Sin embargo, la situación fue tencionante, cuando el periodista de este medio de comunicación se presentó, se le manifestó al funcionario la intención de hacerle unas preguntas acerca del funcionamiento de la Rama Judicial, lo cual no fue posible a pesar de manifestarle en reiterada oportunidad que requería conocer el nombre, además le negó al periodista la posibilidad de grabar en audio o video y lo amenazó con llamar a la policía, el señor Molina, manifestó que todo era ilegal y que estaba cometiendo un delito al intentar grabar, impidiendo la labor periodística.
Según narró el periodista, le cuestionó cuál era el delito y por qué la necesidad de llamar a la policía, toda vez que se le hicieron cuatro preguntas, ¿Cómo se llamaba el funcionario? ¿Cuántas personas están trabajando en ese juzgado? ¿Dónde están los demás integrantes de ese despacho? incluido el juez, y finalmente, se le preguntó si todos trabajan de forma presencial o virtual.
A la primera pregunta; se limitó a señalar que esa información no la podía dar y que eso es competencia de la Rama Judicial entregar esa información, con la segunda pregunta; dijo tajantemente que eran cuatro personas, para la tercera pregunta; manifestó que las personas ausentes incluidos el juez, estaban en otro piso del edificio a lo cual y por insistencia del periodista, volvió a preguntar si estaba el juez y este respondió que estaba en otro piso. Finalmente, frente a la situación de que, si todos estaban trabajando virtual o presencialmente, manifestó que todos eran laboraban de manera presencial.
De acuerdo con el periodista, sintió que el funcionario Molina fue descortés y agresivo al no responder cuál era su nombre y función que ostenta en ese juzgado, pues “el funcionario público que no se identifica está cometiendo una falta de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de su cargo. Al no proporcionar su nombre y posición, el funcionario público dificulta la posibilidad de establecer una comunicación clara y establecer responsabilidades en caso de ser necesario”, agregó el asesor jurídico de esta redacción.
Esta redacción se percata que el funcionario llamó a seguridad y solicitar la presencia del cuadrante de policía, sin embargo, el periodista le manifestó al señor Molina si se podía ir o si esperaba que llegara la policía, a lo cual y de forma despectiva y prepotente el funcionario señaló que “hiciera lo que se le diera la gana”, desde luego el periodista se retiró del lugar como quedó en las cámaras de seguridad, con la seria preocupación de que con este hecho se puede generar un perjuicio a su integridad pues la negativa y agresividad del funcionario le infirió eso.
Además, por conocimiento de causa luego de radicar un derecho de petición que respondió el Consejo Superior de la Judicatura del Tolima, que de acuerdo con los problemas que aquejan a la Rama Judicial, el director seccional de la rama judicial, Edwin Riaño Cortés, tiene varias propuestas que fueron presentadas todo el 2022 y a inicios del 2023 para el ordenamiento y descongestión judicial en el distrito judicial de Ibagué.
Estas propuestas incluyen una variedad de juzgados en Ibagué y el Tolima, pero en uno de los apartados señala la creación de cargos permanentes y el reajuste de cargos en los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples. Además, se plantea trasladar o devolver cargos adscritos a los juzgados de pequeñas causas y competencias múltiples a los juzgados civiles municipales permanentes de Ibagué, sobre todo en el juzgado primero.
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La visita era para verificar la CSJTOOP23-1936 que llegó para el 8 de junio y que busca darle claridad a una serie de situaciones por las cuales muchos abogados y clientes de abogados han notado frente al desempeño de la justicia en Ibagué y el Tolima, pues consideran que muchos de los procesos no se han tramitados o se pierden la competencia como sucedió con 24 procesos de asuntos civiles como lo señaló la misiva.
Como medio de comunicación no se comprende como en un edificio público, de la Rama Judicial, que ejerce una función publica y es pagado con recursos públicos, restringieran el acceso a la información y el acceso de ciudadanos en el libre ejercicio de informar y ser informados; amenazando en llamar a la autoridad de policía y vigilancia privada del edificio, por simplemente solicitarle información pública.
Como se evidencia en las imágenes anexas, en el despacho se evidencia 5 escritorios aparte del ocupado de Juez, y de estos solo dos están siendo utilizadas. Este artículo es el resultado de las diferentes quejas y manifestaciones de diferentes abogados litigantes y ciudadanos preocupados por la falta de asistencia de funcionarios judiciales a los despachos, la inoperancia y mora judicial en los procesos lo cual tiene afectado el acceso a la justicia de los colombianos.
Finalmente, con este hecho queda claro que LAOTRAVERDAD.CO solicita a la Consejo Seccional de la Judicatura de Ibagué a otros entes competentes, que se debe abrir una investigación a los funcionarios de la Rama Judicial, especialmente a quienes hacen parte del Juzgado Primero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de la ciudad de Ibagué, ante la aparente ausencia de varios de sus funcionarios pues no fue posible corroborar la información entregada por Molina, por tanto, se radicará un derecho de petición pidiendo varias disposiciones frente a esta situación y se valide por el circuito de cámaras la presencia o ausencia de los funcionarios en el despacho.
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