El futuro político de la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, sigue en incertidumbre luego de que el Tribunal Administrativo del Tolima aceptara los recursos de apelación contra el fallo que la mantenía en el cargo. Ahora, la Sección Quinta del Consejo de Estado tendrá la última palabra sobre la continuidad de su mandato.
El proceso judicial se centra en acusaciones de doble militancia y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La demanda, presentada por José Baruth Tafur Gutiérrez, argumenta que Aranda habría incurrido en irregularidades durante su campaña electoral, lo que podría comprometer la validez de su elección.
Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Tolima falló a favor de la alcaldesa, pero el 28 de enero de 2025 concedió el recurso de apelación, permitiendo que el caso sea revisado en una instancia superior. Según el magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, los argumentos presentados por la parte demandante cumplen con los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), por lo que el expediente será remitido al Consejo de Estado en los plazos estipulados.
El caso ha despertado un intenso debate en la opinión pública de Ibagué. Mientras sus opositores exigen transparencia y sanciones ejemplares si se comprueba la doble militancia, los seguidores de Aranda sostienen que se trata de una persecución política. La alcaldesa, quien cuenta con el respaldo del Clan Hurtado, ha sido una figura controversial en la política local.
Entre los intervinientes en el proceso se encuentran el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidades que han presentado conceptos técnicos sobre la legalidad de la elección de Aranda. Por su parte, su equipo de defensa insiste en que su candidatura cumplió con todas las normativas y ha solicitado garantías procesales para demostrar su inocencia.
La incertidumbre sobre el futuro de la administración municipal también preocupa a los ibaguereños, quienes observan con expectativa la decisión del Consejo de Estado. Mientras el proceso sigue su curso, la alcaldesa continúa en el cargo, aunque su permanencia dependerá del fallo definitivo.
Este caso se suma a una serie de disputas políticas y jurídicas que han marcado la historia reciente de Ibagué. Más allá del desenlace, el proceso contra Johana Aranda podría sentar un precedente en la interpretación de las normas electorales en Colombia y redefinir el panorama político en la región.
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