La implementación del sistema de recaudo centralizado del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué (Setp) ha generado preocupaciones y dudas sobre su proceso de adjudicación. Ante esto, se ha hecho un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que realice una vigilancia especial y garantice la transparencia en este proceso.
De acuerdo con el Abogado, Camilo Ossa, el gerente del SETP de Ibagué descartó la propuesta de ciertos transportadores, argumentando que no cumplía con los requisitos establecidos por la Ley 1955 de 2019. Sin embargo, se ha cuestionado la falta de un análisis detallado de los incumplimientos en la decisión del gerente.
La situación plantea interrogantes, ya que el SEPT no ha iniciado un proceso licitatorio ni ha recibido propuestas de entidades públicas para un convenio interadministrativo, a pesar de lo establecido en el inciso sexto del artículo 117 de la mencionada ley.
Según este inciso, cuando hay varios agentes operadores de transporte, se les permite participar en la operación y administración del sistema de recaudo, siempre y cuando conformen un único agente recaudador. En caso de que no se logre la participación de todos los operadores, el Setp debe realizar una licitación pública o celebrar un convenio interadministrativo para adjudicar la operación del servicio de recaudo centralizado.
Ante este panorama, se plantea la hipótesis de que podría haber irregularidades en el proceso de adjudicación del recaudo centralizado del Setp en Ibagué. La falta de un análisis detallado, la ausencia de un proceso licitatorio y la falta de propuestas de entidades públicas podrían poner en entredicho la transparencia y legalidad de este proceso.
Finalmente, en este contexto, se hace necesario que la Procuraduría General de la Nación realice una vigilancia especial para garantizar que se cumplan los principios de transparencia y competencia en la adjudicación del recaudo centralizado del Setp en Ibagué. Los ciudadanos y usuarios del sistema de transporte público merecen tener la certeza de que se están siguiendo todos los procedimientos establecidos por la ley y que se está velando por el interés público.