La Gobernación del Tolima, a través de su Consejo Departamental de Derechos Humanos y Paz, aprobó un plan de acción para los próximos tres años y medio que tiene como objetivo central el fortalecimiento de los Derechos Humanos en el departamento. Lina Sandoval, directora de Derechos Humanos, Justicia, Paz y Libertad Religiosa, señaló que este plan será clave para enfrentar los desafíos en la promoción y garantía de los derechos en el territorio.
En una entrevista a LAOTRAVERDAD.CO , Sandoval destacó la importancia de generar espacios de diálogo y concertación entre instituciones educativas, organizaciones y la sociedad civil. “A menudo, en la exigencia de los Derechos Humanos se limitan o transgreden los mismos derechos de otras personas. Debemos pensar en el bien común y colectivo, no solo en beneficios individuales”, afirmó la funcionaria.
Los últimos 10 meses han sido marcados por incidentes de violencia en varias regiones del Tolima, donde se ha evidenciado la falta de consideración por el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Estos hechos han motivado a las autoridades a reforzar los mecanismos de protección y diálogo para evitar que intereses particulares, ya sean económicos o sociales, prevalezcan sobre el bienestar colectivo.
Sandoval también subrayó la necesidad de una revisión exhaustiva junto con los órganos de control para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales que protegen los derechos de la población. “Los grupos ilegales están violando tanto los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario, lo que nos obliga a actuar con mayor firmeza”, añadió.
El plan de acción aprobado incluirá programas de capacitación en Derechos Humanos dirigidos a las comunidades y esfuerzos para involucrar a todos los actores sociales en la construcción de una paz duradera. Asimismo, se buscará concienciar a la población sobre la importancia de respetar las normas internacionales en medio de cualquier controversia o conflicto.
Con esta iniciativa, la Gobernación del Tolima espera crear un entorno donde la protección de los derechos fundamentales sea una prioridad en todas las acciones políticas y sociales que se lleven a cabo en el departamento.
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