Esta decisión se basa en una acción de tutela presentada el cuatro de marzo de 2022 y modificada el ocho de septiembre de 2022, que busca amparar los derechos de las personas privadas de la libertad en la Permanente Central de la Policía en Ibagué.
La acción de tutela había ordenado a la Alcaldía y a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué garantizar la afiliación de los internos a EPS, prestar servicios de salud de manera continua, entregar útiles de aseo personal y de bioseguridad, adecuar espacios para la población LGBTQ, dotar salas virtuales con equipos tecnológicos e internet, y trasladar a 49 personas cuyos derechos fueron reclamados. También se había establecido la creación de una mesa permanente de seguimiento.
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Sin embargo, el juzgado determinó que estas órdenes no se cumplieron adecuadamente y que los derechos de los reclusos en la Permanente Central continuaron siendo vulnerados a pesar del proceso constitucional. Además del arresto, tanto el Gobernador como el Alcalde deberán pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales vigentes.
La condena también afecta a otros funcionarios, incluyendo a la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y comandante de la Permanente Central de la Policía, así como al doctor Andrés Ernesto Díaz Hernández, director de la Uspec (Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios), quienes deberán cumplir cinco días de arresto y pagar una multa de dos salarios mínimos legales vigentes.
Daniel Fernando Gutiérrez, director Nacional del Inpec, y el doctor John Fredy Rojas Sutta, director del Coiba de Picaleña, también enfrentan 10 días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes. El Director del Coiba cumplirá su arresto en las instalaciones del CTI de la Fiscalía, mientras que el coronel Gutiérrez lo hará en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Esta decisión está actualmente en consulta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, donde se decidirá si se modifica o se confirma. La comunidad y organizaciones de derechos humanos han estado siguiendo de cerca este caso, que destaca la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y la responsabilidad de las autoridades en ese sentido.
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