Mientras cuestiona el presupuesto de la Consulta Popular impulsada por el gobierno Petro, Adriana Magali Matiz pasa por alto el atraso en la construcción del hospital María Inmaculada en su tierra natal.
Durante el primer día de la Cumbre de Gobernadores en Yopal, Casanare, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó fuertes críticas sobre el destino de los recursos públicos en el país, especialmente en relación con la Consulta Popular promovida por el presidente Gustavo Petro. Matiz expresó su preocupación por el avance de la fiebre amarilla en Colombia y los retos económicos que implicaría su contención.
“Yo me pregunto si en vez de ocuparnos de cosas de la política electoral, nos concentramos en temas vitales e importantes como ¿qué hacer si la fiebre amarilla se nos pasa de estar en pequeñas zonas rurales del país a sus áreas urbanas? ¿Estamos listos? ¿Está la plata?”, cuestionó Matiz durante su intervención.
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La mandataria advirtió sobre el costo aproximado de $700 mil millones que implicaría la realización de la Consulta Popular, preguntándose si no sería más sensato invertir esos recursos en prevención de enfermedades como la fiebre amarilla, en lugar de destinarlos a un proceso electoral. Su llamado a la reflexión despertó tanto aplausos como críticas en redes sociales y medios nacionales.
Sin embargo, resulta contradictorio que la gobernadora olvide que su propio partido, el Conservador, ha sido uno de los principales opositores a las reformas sociales del actual Gobierno Nacional. Figuras como Efraín Cepeda, presidente del Senado, liderado el hundimiento de varias de esas propuestas.
Más aún, la crítica situación que atraviesa el municipio de Rioblanco, Tolima —de donde es oriunda Matiz— también expone incoherencias. Allí, el Hospital María Inmaculada fue demolido durante la campaña electoral de 2023, prometiendo una nueva construcción que, a la fecha, no ha sido cumplida.
Según documentos oficiales, la construcción del nuevo hospital fue adjudicada bajo el proceso LPO-2021-294 con un presupuesto inicial de $10.612 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías. El contrato de obra tenía una duración de 22 meses, pero las demoras en la ejecución y cambios de contratista han estancado el proyecto.
La edificación proyectada contemplaba un área de 3.706 metros cuadrados para beneficiar a más de 24.500 habitantes del sur del Tolima. No obstante, dos años después de la adjudicación, la comunidad continúa a la espera de un avance significativo en las obras.
Aunque recientemente la Gobernación anunció esfuerzos para reactivar el proyecto, con un costo actualizado de más de $25.000 millones, las críticas locales apuntan a la falta de gestión oportuna y a que, mientras se exigen respuestas al Gobierno Nacional, las promesas regionales siguen en el limbo.
El caso del hospital de Rioblanco se convierte así en un símbolo del doble rasero político que marca la actual coyuntura: exigir resultados inmediatos a nivel nacional mientras las deudas locales persisten sin solución.
Adenda: al viernes 4 de octubre del 2024 se pudo evidenciar una visita realizada por esta redacción al municipio de Rioblanco, que aún ni siquiera había empezado.
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