El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un incremento progresivo en el precio del ACPM, que ascenderá a un total de $6.000, distribuidos en tres aumentos de $2.000 cada uno. Esta medida, que se implementará de manera semestral, ha generado preocupación entre los transportadores de carga y la ciudadanía, debido a su potencial impacto en la economía del país.
Bonilla detalló que el primer ajuste se aplicará en el transcurso de este año, seguido de un segundo aumento a mediados de 2024 y un tercero al final de 2025. “El primer aumento sería este año, seguido de otro a mediados del próximo año y el último al final de 2025”, afirmó el ministro, subrayando que la decisión responde a la necesidad de afrontar el déficit fiscal del país.
A diferencia de la gasolina, cuyo precio se ajusta mensualmente, el ACPM no puede seguir el mismo ritmo de incrementos debido a las dificultades que enfrentan los transportadores para absorber el impacto en los costos de los fletes. Este sector es crucial para la economía colombiana, dado que el 97% de la carga en el país se moviliza por carretera.
El ministro también advirtió sobre las posibles repercusiones inflacionarias de este aumento, que no solo afectará el precio de los alimentos, sino también de todos los productos que dependen del transporte terrestre. “Este aumento en la inflación afectará no solo a los alimentos, sino a todos los productos que dependen del transporte terrestre”, señaló Bonilla.
El ajuste en el precio del ACPM se enmarca en la estrategia del Gobierno para reducir el déficit fiscal, que se ha visto agravado por el subsidio a los combustibles. “Cada ajuste en el precio del ACPM ayudará a reducir entre $2 y $3 billones en déficit”, explicó Bonilla, destacando la importancia de esta medida para las finanzas del Estado.
No obstante, el anuncio ha generado preocupación entre los transportadores, quienes han advertido sobre el impacto que estos aumentos tendrán en los costos de operación y, en última instancia, en el consumidor final. Las negociaciones entre el Gobierno y este sector han sido tensas, y se espera que continúen en los próximos meses para mitigar los efectos de este incremento.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado su compromiso de trabajar con los transportadores para encontrar soluciones que minimicen el impacto económico, al tiempo que se asegura la sostenibilidad fiscal del país. Sin embargo, la implementación de estos ajustes plantea un desafío considerable tanto para el sector del transporte como para la economía en general.
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