El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, avanza en acuerdos con productores de arroz movilizados, implementando medidas regulatorias y convocando a un Gran Acuerdo Nacional Arrocero para proteger la economía campesina y garantizar precios justos.
En respuesta a la difícil situación que atraviesa el sector arrocero en Colombia, el Gobierno Nacional instaló una mesa de diálogo de alto nivel con representantes de los productores de arroz que se encuentran movilizados en distintas regiones del país. La iniciativa busca atender de manera urgente y estructural las demandas de este gremio, clave para la seguridad alimentaria nacional.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lidera esta estrategia de concertación. El objetivo principal es establecer consensos que permitan enfrentar los efectos de la crisis de precios del arroz paddy verde y tomar acciones inmediatas para frenar el contrabando y las importaciones que afectan a los agricultores nacionales.
Como parte de las acciones iniciales, el Gobierno publicó un proyecto de resolución que establece la libertad regulada del precio del arroz paddy verde, con el fin de evitar distorsiones en el mercado y permitir comentarios del sector hasta el día siguiente de la publicación. Esta medida pretende proteger el ingreso del productor sin afectar al consumidor final.
Otra de las medidas relevantes es la solicitud oficial de salvaguardia presentada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta busca restringir temporalmente las importaciones de arroz cuando estas representen una amenaza para la producción nacional, en línea con el artículo 5 de la Ley 101 de 1993, también conocida como Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
El Gobierno también realizó una visita técnica al Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador, con el fin de poner en marcha un plan de choque contra el contrabando técnico y el lavado de activos. Estas prácticas ilegales han impactado gravemente la cadena del arroz, debilitando la competitividad de los pequeños y medianos productores.
Asimismo, el pasado 14 de julio se llevó a cabo la Mesa Nacional del Arroz con la participación de gobernadores, líderes gremiales, productores, entidades del Gobierno Nacional y representantes del sector industrial y comercial. Este espacio permitió identificar las principales preocupaciones del gremio arrocero y sentar las bases de un acuerdo nacional para su fortalecimiento.
A pesar de estos esfuerzos, algunos sectores manifestaron su inconformidad, argumentando que aún no han recibido respuestas concretas frente a sus peticiones. Desde el Ministerio de Agricultura se insiste en que el diálogo es la ruta, y que las decisiones anunciadas son parte de un proceso que busca soluciones estructurales y sostenibles a largo plazo.
El Gobierno reiteró que su disposición al diálogo es total, y que no permitirá que los agricultores sigan recibiendo pagos por debajo de sus costos de producción. Se busca garantizar que el precio recibido por los productores compense su trabajo y gastos operativos, para asegurar la viabilidad económica de la producción arrocera nacional.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía alimentaria y la defensa del trabajo de las familias productoras. Además, hizo un llamado a todos los actores de la cadena para construir un Gran Acuerdo Nacional Arrocero que impulse la industrialización y prepare al país para los retos de la apertura comercial prevista para 2030.
Finalmente, el comunicado oficial concluye con un mensaje enfático: “El diálogo es la ruta”. Con este enfoque, el Gobierno busca cerrar brechas entre el sector arrocero y las políticas públicas, garantizando condiciones más justas, equitativas y sostenibles para uno de los renglones agrícolas más importantes del país.
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