La transición hacia un nuevo modelo de pasaportes con mayores estándares tecnológicos ha desatado controversia política, cuestionamientos sobre el antiguo operador y debates sobre soberanía y transparencia en el proceso.
La expedición de pasaportes en Colombia volvió al centro del debate nacional tras el cambio de operador y la implementación de un nuevo modelo con mayores estándares tecnológicos, en medio de cuestionamientos al contrato que durante años manejó la firma Thomas Greg & Sons.
La controversia surge en un contexto marcado por el fin de un esquema que permaneció vigente por cerca de dos décadas, tiempo durante el cual dicha empresa concentró la producción del documento oficial en el país, generando críticas por presunto monopolio en el servicio.
Según el Gobierno Nacional, el nuevo modelo de pasaporte incorpora mejoras en seguridad como lectura mecánica avanzada, biometría y microchip, alineándose con estándares internacionales exigidos para documentos de viaje.
El cambio también responde a recomendaciones técnicas internacionales orientadas a modernizar estos documentos, especialmente en materia de protección de datos, interoperabilidad y control migratorio, aspectos clave en la movilidad global.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de polémica. Desde distintos sectores se han planteado dudas sobre la capacidad operativa del nuevo esquema, así como sobre la transición desde el modelo anterior hacia uno gestionado con mayor participación estatal.
A esto se suma la discusión política en torno a la decisión de no prorrogar el contrato con el operador tradicional, lo que ha sido interpretado por algunos como una medida necesaria para romper prácticas concentradas, mientras otros lo califican como una decisión con motivaciones políticas.
El presidente Gustavo Petro ha defendido el nuevo sistema, señalando que permitirá que la información de los ciudadanos esté bajo control del Estado y que se fortalezca la soberanía tecnológica en la expedición de documentos oficiales.
En este escenario, el debate sigue abierto entre quienes respaldan la modernización y la ruptura con el modelo anterior, y quienes advierten riesgos en la implementación. Lo cierto es que el sistema de pasaportes se ha convertido en un nuevo punto de tensión política y administrativa en Colombia.
