La Alcaldía de Ibagué firmó un contrato de concesión por más de una década con la Unión Temporal Parking A&S para operar los parqueaderos de escenarios deportivos. El acuerdo otorga el 80 % de los ingresos a la empresa privada, sin haber sido sometido a estudio del Concejo Municipal.
En medio de crecientes cuestionamientos a la administración de Johana Aranda, se conoció que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) entregó en concesión por 11 años el negocio de los parqueaderos públicos del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42. El contrato, identificado con el número 341 de 2025, fue firmado con la Unión Temporal Parking A&S, representada legalmente por Diana Camila Troncoso Álvarez.
Lo que ha causado gran controversia es que el contrato no fue sometido a estudio ni aprobación del Concejo Municipal, a pesar de implicar recursos públicos y una concesión de largo plazo. Según el clausulado, la empresa privada recibirá el 80 % de los ingresos generados por el uso de los parqueaderos, mientras que al IMDRI le corresponderá apenas el 20 %.
El contrato obliga al concesionario a realizar adecuaciones, limpieza, señalización, instalación de cámaras de seguridad, sistemas de control de acceso, software, mobiliario y equipos requeridos para la operación. También se exige la entrega de informes periódicos, pago de impuestos y atención al usuario bajo estándares mínimos de calidad.
El horario de operación autorizado en el Parque Deportivo será de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. y los fines de semana hasta las 8:00 p. m., mientras que en la Unidad Deportiva de la calle 42 el servicio funcionará las 24 horas del día.
Diana Troncoso Álvarez no es nueva en contratos con el sector público. Actualmente es contratista del IBAL, con un acuerdo por más de $382 millones para suministro tecnológico. Esto ha despertado suspicacias sobre posibles conflictos de interés o favores contractuales reiterativos dentro de la administración municipal.
La supervisión del contrato fue encargada a Felipe Roberto La Rota García, actual gerente del IMDRI, quien también firmó el documento en nombre de la entidad. Esto significa que la misma persona que suscribió el contrato será la encargada de vigilar su cumplimiento.
El valor de referencia del contrato se fijó en $1.000 millones, aunque no se estableció una cifra presupuestal fija debido, según se indicó, a la “naturaleza del negocio”. El concesionario deberá transferir mensualmente al IMDRI el 20 % de los ingresos en un plazo no mayor a 12 días hábiles después de cada período.
Lo que para la administración se presenta como una alianza para mejorar la infraestructura deportiva, ha sido duramente criticado por diversos sectores sociales y políticos, que advierten que se está privatizando un bien público en condiciones poco beneficiosas para la ciudad.
Este nuevo escándalo contractual se suma a una serie de cuestionamientos por decisiones unilaterales y contratos millonarios bajo la gestión de Johana Aranda, quien aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica concesión. La ciudadanía exige transparencia, vigilancia y posibles acciones jurídicas frente a lo que muchos ya consideran un “negocio redondo” para el sector privado.
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