Gobierno espera decisión de Fiscalía para liberar a integrantes de la 'Primera Línea'

El Gobierno de Colombia, encabezado por el Ministro de Justicia Néstor Osuna, espera una pronta decisión por parte de la Fiscalía General de la Nación respecto a la situación legal de los miembros del grupo conocido como ‘Primera Línea’, detenidos durante las protestas del año 2021. Osuna ha abogado por la liberación de estos jóvenes, argumentando la inaplicabilidad de cargos como terrorismo y concierto para delinquir en el contexto de las protestas sociales.

Durante una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministro reiteró la postura del Gobierno Nacional y aseguró que la respuesta de la Fiscalía será acatada con total respeto. Osuna hizo hincapié en la necesidad de una reinterpretación legal que reconozca las manifestaciones como ejercicios del derecho a la protesta y no como actos criminales.

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La llegada de Luz Adriana Camargo a la dirección de la Fiscalía General podría marcar un cambio en la forma en que se manejan legalmente las protestas en Colombia. Bajo la administración anterior de Francisco Barbosa, se derogó una directriz que limitaba la imputación de cargos severos, como terrorismo y concierto para delinquir, únicamente a delitos evidentes como daños materiales o homicidios.

Osuna ha propuesto revivir esta política para diferenciar entre los jóvenes condenados y aquellos solo acusados, facilitando una potencial liberación condicional. Este cambio también responde a recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insta a Colombia a alinear sus prácticas judiciales con estándares internacionales.

Aunque no hay una cifra oficial, varios jóvenes podrían beneficiarse de esta revisión, incluyendo a aquellos que aún no han sido condenados y podrían salir bajo condiciones si la directriz es modificada favorablemente. La Fiscalía se muestra dispuesta a revisar las imputaciones realizadas, lo que podría significar un cambio sustancial en la vida de muchos jóvenes y en la administración de justicia en el país. La última palabra la tendrán los jueces penales competentes y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.