El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el presidente Petro convocará la consulta popular el día de la Batalla de Boyacá. La decisión ha generado un intenso debate jurídico y político por su legalidad.
El presidente Gustavo Petro decretará la consulta popular para el próximo 7 de agosto, coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Así lo confirmó el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, en entrevista con Semana. Según explicó, se trata de un “acto simbólico” que también marca el inicio del último año de mandato del jefe de Estado.
La consulta busca que los colombianos se pronuncien sobre la reforma laboral, luego de que el Senado negara su realización. El Gobierno considera que dicha votación fue inconstitucional, por lo cual argumenta que tiene vía libre para convocarla por decreto, lo que ha sido denominado el “decretazo”.
Montealegre, exfiscal general y expresidente de la Corte Constitucional, es ahora la principal figura jurídica del Ejecutivo para impulsar esta polémica decisión. Según él, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, cerró la votación de forma irregular, apenas tres minutos después de abrirla, lo que vulneró principios constitucionales.
“El Congreso no se pronunció válidamente sobre la consulta”, aseguró Montealegre, agregando que algunos senadores estaban en proceso de votar cuando se dio el cierre. De esta forma, el Gobierno argumenta que el silencio legislativo permite avanzar con el decreto presidencial para convocar al constituyente primario.
El ministro también explicó que la Corte Constitucional, y no el Consejo de Estado, será la encargada de controlar la legalidad del decreto. Esto, porque el acto hace parte de un procedimiento constitucional y no meramente administrativo, como algunos sectores han sostenido.
La controversia se agudizó tras un fallo judicial que dio la razón a la senadora María José Pizarro. La decisión ordena al presidente del Senado tramitar una apelación a la votación que negó la consulta, hecho que el presidente Petro interpretó como prueba de fraude parlamentario.
“El fallo no ordena repetir la votación, sino tramitar la apelación. Es una interpretación equivocada del mandatario”, advirtió un sector de juristas, señalando que no se puede desconocer la división de poderes bajo argumentos jurídicamente débiles o confusos.
El anuncio oficial del decreto, en medio de múltiples críticas de expresidentes, juristas y actores políticos, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La incertidumbre sobre la legalidad de la consulta plantea un inminente pulso en las altas cortes.
El 7 de agosto, más allá de su valor histórico, se convierte así en una fecha decisiva para el futuro político y constitucional del país. Mientras tanto, diversos sectores se preparan para una eventual batalla jurídica que definirá los límites del poder presidencial.
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