Armando Benedetti, ministro del Interior, confirmó la reanudación de fumigaciones con glifosato en regiones donde disidencias armadas fuerzan cultivos de coca a campesinos, mientras admitió vulnerabilidades en tácticas de seguridad evidenciadas por ataques en Cauca y Cesar, anunciando inversiones y duplicación de tropas para corregirlas.
El Gobierno colombiano, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, ha anunciado un cambio significativo en su enfoque contra el narcotráfico y la violencia armada, reactivando la fumigación con glifosato en zonas donde grupos ilegales como las disidencias de las FARC coercen a comunidades campesinas para sembrar coca. Esta decisión surge tras un consejo de seguridad presidido por Gustavo Petro, respondiendo a la escalada de atentados que han expuesto debilidades en el aparato estatal. Benedetti aclaró que las aspersiones serán precisas, empleando tecnología como drones para evitar daños colaterales, diferenciándose de políticas pasadas criticadas por impactos ambientales. La medida apunta a cortar el financiamiento de organizaciones criminales que usan la coerción como herramienta de control territorial. Fuentes gubernamentales destacan que esta acción complementa la paz total, priorizando el diálogo pero actuando donde la fuerza es impuesta. Críticos ambientales ya alertan sobre posibles riesgos para la biodiversidad y la salud rural.
En paralelo, Benedetti reconoció públicamente fallas en la estrategia militar actual, identificadas en una revisión integral del orden público tras incidentes recientes. Estas deficiencias se centraron en elementos defensivos como anillos de seguridad y garitas de vigilancia, que fallaron en prevenir ataques terroristas en Buenos Aires, Cauca, donde explosivos y fusiles hostigaron a fuerzas públicas por horas. Similarmente, en la base de Aguachica, Cesar, un carro bomba reveló brechas en la protección perimetral, causando heridos y daños. El ministro atribuyó estos lapsos a una adaptación de tácticas por parte de los grupos armados, que explotan vacíos en la inteligencia y el despliegue. Esta autocrítica marca un punto de inflexión para la administración Petro, que había enfatizado enfoques no coercitivos. Ahora, se busca una corrección urgente para restaurar la confianza en las instituciones de seguridad.
Como parte de las medidas correctivas, el Gobierno planea duplicar el pie de fuerza en áreas volátiles como el Cauca y el Catatumbo, invirtiendo 49 billones de pesos en equipamiento y entrenamiento. Esto incluye la compra acelerada de sistemas antidrones y mejoras en protocolos de respuesta rápida, bajo el mecanismo de urgencia manifiesta. Benedetti enfatizó que estos refuerzos no implican una militarización generalizada, sino un fortalecimiento selectivo para proteger a civiles atrapados en conflictos. La estrategia también incorpora mayor coordinación entre Ejército, Policía y comunidades locales para anticipar amenazas. Analistas de seguridad ven positivo este ajuste, aunque advierten que sin reformas estructurales, los problemas persistirán. El anuncio responde a presiones por resultados concretos en la lucha antidrogas.
El contexto de estos cambios se enmarca en un incremento de la violencia en 2025, con cultivos ilícitos expandiéndose pese a programas de sustitución voluntaria. Benedetti argumentó que, donde la coerción armada domine, la fumigación es esencial para desmantelar economías criminales sin confrontar directamente a los campesinos. Esta política alinea con demandas internacionales, como las de Estados Unidos en certificaciones antinarcóticos, que exigen avances mensurables. Pruebas con drones en regiones piloto han demostrado efectividad limitada, pero generan debates sobre sostenibilidad ambiental. Organizaciones campesinas exigen alternativas económicas viables antes de cualquier aspersión. El Gobierno asegura que cumplirá con fallos judiciales que limitan aspersiones masivas.
La evaluación del orden público también destacó fallos en inteligencia que no detectaron a tiempo los atentados, permitiendo que grupos como el EMC operen con impunidad. En Buenos Aires, el asedio prolongado a estaciones policiales subrayó la necesidad de mejores sistemas de alerta temprana. En Aguachica, la explosión vehicular expuso vulnerabilidades en chequeos vehiculares y vigilancia fronteriza. Benedetti prometió auditorías internas para identificar responsables y optimizar recursos. Esta crisis ha impulsado llamados a una modernización tecnológica en el sector defensa. Petro respaldó las decisiones, reconociendo que la seguridad es prioritaria para la agenda social.
Las reacciones han sido polarizadas: opositores critican la inconsistencia con promesas iniciales de Petro contra el glifosato, viéndolo como un retroceso. Apoyadores argumentan que es una respuesta realista a provocaciones armadas que sabotearon diálogos de paz. En redes, el tema genera debates intensos sobre derechos humanos versus seguridad nacional. Expertos sugieren que el éxito dependerá de monitoreo independiente y participación comunitaria. Benedetti desestimó acusaciones de escalada bélica, reiterando el compromiso con la paz. Ambientalistas preparan acciones legales para cuestionar la medida.
Este desarrollo resalta los retos del Gobierno Petro en equilibrar ideales progresistas con demandas de seguridad inmediata. Con reportes de cultivos ilícitos en alza, la fumigación selectiva busca impacto rápido sin abandonar enfoques holísticos. Benedetti diferenció esta aproximación al enfocarse solo en zonas coercitivas, protegiendo iniciativas voluntarias. Observadores internacionales evalúan el cumplimiento de normas ambientales. En Cauca y Cesar, se anticipa un aumento de presencia estatal para estabilizar. La efectividad se juzgará por reducciones en violencia y cultivos.
En conclusión, el anuncio de Benedetti cierra un período de reflexión gubernamental, proyectando unidad contra el crimen organizado. Futuros consejos de seguridad medirán progresos, con posibles expansiones si la coerción persiste. Campesinos demandan apoyo económico paralelo para transitar a cultivos legales. Este giro podría afectar la imagen de la administración ante elecciones futuras. Analistas coinciden en la necesidad de ejecución transparente para evitar controversias. El Gobierno llama a la sociedad a respaldar estas acciones por el bien común.
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