El Ministerio de Agricultura anunció una resolución que regula el precio del arroz paddy verde y establece un valor mínimo de compra diferenciado por regiones. La medida busca frenar el nuevo paro arrocero, garantizar ingresos justos a los productores y enfrentar la caída de precios y el exceso de oferta.
A pocas horas del anunciado paro arrocero, el Ministerio de Agricultura dio a conocer una medida extraordinaria para contener la crisis del sector: la fijación de un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde mediante el régimen de libertad regulada. La propuesta busca garantizar condiciones justas para miles de familias que dependen de este cultivo y que han advertido una grave afectación por el desplome en los precios de venta.
La resolución pretende corregir las distorsiones del mercado, permitir una formación transparente de precios y proteger al eslabón más vulnerable de la cadena: los productores. Según el Gobierno, el valor mínimo será diferenciado por región, en función de las condiciones productivas y logísticas de cada zona del país.
De acuerdo con cifras oficiales, el precio pagado a los cultivadores cayó un 11,8 % en 2024 y mantiene la misma tendencia negativa durante el primer semestre de 2025. Esta situación ha puesto en riesgo la sostenibilidad del sector, cuyos costos se han incrementado por altos arrendamientos, insumos, transporte y dificultades con el acceso al agua.
A esto se suma un alarmante dato: el inventario nacional de arroz en junio de 2025 alcanzó las 534.940 toneladas, superando en un 67,8 % el promedio de la última década. Este exceso de oferta no ha sido absorbido por el sistema de comercialización actual, lo que ha generado un colapso en los precios que afecta directamente a los pequeños y medianos productores.
“Es necesario establecer temporalmente un mecanismo que garantice la competencia leal y evite efectos nocivos sobre quienes más aportan al campo”, señaló el Ministerio en un comunicado. La medida apunta a corregir el desbalance de poder en el mercado y a evitar que la crisis termine por ahogar a los cultivadores.
La resolución también obliga a que todos los comercializadores de arroz blanco —mayoristas o minoristas— informen de manera clara y verificable el país de origen del producto. Esta disposición se aplicará tanto en los empaques como en puntos de venta físicos y plataformas digitales, como un paso hacia una mayor transparencia comercial.
Aunque la propuesta del Ministerio es vista como un intento por desactivar el paro arrocero, muchos líderes del sector advierten que es insuficiente y exigen medidas estructurales a largo plazo. Reclaman, además, que se cumplan compromisos adquiridos previamente, relacionados con la regulación del uso del agua, la reducción de insumos y el acceso al crédito.
El anuncio gubernamental se da en un ambiente de creciente tensión en las regiones arroceras, donde se alistan movilizaciones ante lo que consideran un abandono estatal. El éxito de la medida dependerá de su aplicación inmediata y del diálogo efectivo con los productores que exigen soluciones integrales.
Mientras tanto, el país está a la expectativa del rumbo que tomará el paro arrocero y de si el precio mínimo anunciado logrará frenar una movilización que amenaza con paralizar uno de los sectores agrícolas más importantes de Colombia.
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