Una madre denunció que su hijo de ocho años fue amarrado y golpeado por compañeros en la sede primaria de la institución. La Secretaría de Educación activó protocolos de convivencia escolar mientras la familia exige respuestas claras del colegio.
Una grave denuncia de presunto maltrato escolar sacude a la Institución Educativa Normal Superior de Ibagué. Valentina, madre de un estudiante de ocho años, relató en una denuncia pública que su hijo fue víctima de agresiones físicas por parte de varios compañeros el pasado lunes 8 de septiembre en la sede primaria del colegio. Según el testimonio del menor, fue amarrado con un lazo y golpeado durante la jornada de la mañana, lo que ha despertado preocupación entre padres y autoridades educativas.
De acuerdo con lo narrado por la madre, los niños no solo lo atacaron con puños y patadas, sino que también intentaron inmovilizarlo con una cuerda que normalmente se utiliza para actividades recreativas. La mujer aseguró que su hijo mencionó a un practicante de grado décimo como presunto instigador de la agresión, lo que aumenta la inquietud sobre el nivel de supervisión y control dentro del aula de clases.
La denuncia incluye fuertes cuestionamientos hacia las directivas de la institución, pues la familia asegura que en ningún momento recibió comunicación de la docente ni de la coordinación sobre lo ocurrido. Solo al final de la jornada, cuando la madre llegó a recoger a su hijo, conoció los detalles de lo sucedido. Además, exigieron revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero afirman que hasta ahora no han tenido una respuesta clara.
Tras la denuncia, la Secretaría de Educación Municipal confirmó que se activaron los protocolos y rutas de convivencia escolar para atender el caso. El director de Calidad Educativa, Gabriel Patarroyo, explicó que este tipo de situaciones se abordan con el apoyo del grupo de orientación escolar, las directivas del plantel, la Secretaría de Salud y la Personería Municipal, con el fin de garantizar los derechos de todos los estudiantes involucrados.
“Aquí lo que nosotros hemos anotado es que vamos a ser garantes de los derechos de todos los estudiantes, tanto de los presuntos agresores como del presuntamente agredido. Hacemos la salvedad de utilizar el término presunto porque cuando se trata de un caso que podría catalogarse como tipo tres, debemos ser muy cuidadosos con los conceptos y con los procesos”, declaró Patarroyo en diálogo con medios locales.
El funcionario recalcó que, por respeto a los menores, no se divulgarán detalles específicos del caso para evitar procesos de revictimización. Agregó que la investigación interna avanza bajo el pacto de convivencia escolar y que, en caso de que se determine la comisión de un delito, la Secretaría de Educación acompañará el proceso ante las autoridades judiciales competentes para garantizar transparencia y rigor.
Patarroyo también aclaró que, aunque muchas veces la opinión pública espera sanciones inmediatas como suspensiones o retiros de los estudiantes implicados, el objetivo principal de las instituciones debe ser restaurar la convivencia escolar. Según explicó, lo prioritario es promover una cultura de paz y garantizar que situaciones de este tipo no se repitan, sin dejar de lado que los casos con posibles implicaciones penales deben ser remitidos a las instancias judiciales.
Mientras tanto, la familia del menor insiste en que se esclarezcan los hechos con rapidez y que se revisen a fondo las medidas de seguridad dentro del colegio. La denuncia ha generado un amplio debate sobre los protocolos de supervisión y la responsabilidad de docentes y directivos frente a situaciones de acoso o maltrato escolar. El caso sigue en investigación oficial y se espera que en los próximos días se conozcan decisiones concretas.
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