Por: Edgar Romero Macías, Ejecutivo de FECODE
El sábado pasado estuve en conversatorios, uno sobre ambientalismo popular en Ibagué y el otro sobre reforma rural integral en el municipio de Cajamarca. En ambos se escucharon inquietudes, preocupaciones y propuestas de líderes y lideresas de las comunidades en estos temas.
La naturaleza como sujeto de derecho es una definición esperanzadora y conclusión del evento; debe ser un imperativo de la sociedad civil y del Estado colombiano, un deber de todos valorarla y defenderla para el desarrollo sostenible de los pueblos. La crisis climática, la biodiversidad, el agua y el ambiente requieren medidas urgentes para evitar el desastre. Así las cosas, se necesita parar el daño de nuestros ríos, páramos, montañas, selvas, acuíferos y reservas en todo el territorio nacional.
En el departamento del Tolima se debe hacer frente al avance de las multinacionales que han causado y van a seguir causando daños y pérdidas ambientales de enormes proporciones con efectos negativos e irreversibles. Esos proyectos extractivos se dan con la complacencia de mandatarios locales, funcionarios, autoridades, medios de comunicación y cooptación de habitantes de las comunidades.
La COP 16 discutió metas que deben desarrollarse como política gubernamental, que son:
1. Planes de acción pertinentes con la problemática.
2. Financiación para la diversidad.
3. Canje de deudas por servicios ambientales.
4. Acceso a beneficios de recursos genéticos.
5. Acuerdos de paz con la naturaleza.
6. Pactos por la vida.
7. Inclusión de las comunidades en su preservación.
En materia agraria y de reforma rural se plantean una serie de medidas a mediano y largo plazo para el desarrollo de los campesinos y el auge del campo:
1. La inversión en vías terciarias, que es un atraso total en el país.
2. Evitar la acumulación de tierras, logrando compras que distribuyan y mejoren su tenencia. Actualmente, el campesino ocupa solo 4 millones de hectáreas, y el resto está usado en ganadería extensiva, auspiciado por una clase terrateniente que ha mantenido el poder político para no permitir una reforma agraria en Colombia.
3. Este gobierno ha iniciado una serie de medidas, como entrega y compra de tierras, con asistencia técnica y créditos, un gran esfuerzo que debe seguir avanzando.
4. Una mirada a las experiencias agrícolas, como la de Cajamarca, es una necesidad; proteger al campesino que le apuesta a la economía legal, a cultivos lícitos que garantizan la soberanía alimentaria de la región y que necesitan del gobierno por la pérdida de sus cosechas.
En fin, es mucho el trabajo por hacer, y solo es posible en una agenda de transformación democrática y cultural para estos sectores que inciden directamente en la vida, la naturaleza y el progreso de los territorios y del país. Un cambio profundamente estructural que dinamizará la economía interna de nuestra nación.
El proyecto político con sensibilidad social y humanista será la garantía para el bienestar de nuestro pueblo; la continuidad del cambio es el camino.
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