El proyecto habitacional ‘Torres de San Carlos’, que debía beneficiar a 24 familias vulnerables en San Luis (Tolima), terminó en una disputa judicial por presunto desacato del exalcalde Guillermo Alvira. El caso ahora involucra también al actual mandatario y a la Procuraduría.
Un proyecto de vivienda que prometía brindar techo digno a 24 familias de bajos recursos en el municipio de San Luis, Tolima, se transformó en un escándalo jurídico y político que hoy tiene en la mira a dos administraciones locales. La iniciativa, conocida como ‘Torres de San Carlos’, fue estructurada en 2019 y aprobada durante la gestión del entonces alcalde Carlos Fernando Bonilla.
No obstante, según denuncias legales, su sucesor, Guillermo Ignacio Alvira, se negó a ejecutar el proyecto alegando irregularidades, pese a que los órganos de control y la justicia no hallaron pruebas para frenar su desarrollo. La negativa llevó a los beneficiarios a presentar una tutela que terminó dándoles la razón en segunda instancia.
A pesar del fallo judicial que ordenaba continuar con la ejecución, el entonces mandatario desobedeció, lo que llevó a una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos. Sin embargo, Alvira persistió en su posición, generando una segunda acción de desacato.
“El señor Alvira nunca quiso cumplir el fallo. Lo sancionaron, pero él seguía dilatando todo. No hay voluntad política, y ahora las familias siguen esperando una vivienda que ya estaba financiada”, aseguró el abogado Jairo Bernal, representante de los afectados, en declaraciones a Ecos del Combeima.
El abogado denunció además que los recursos para la obra —más de $1.700 millones provenientes del Sistema General de Regalías— podrían haber sido desviados. Según versiones, parte de ese dinero habría sido usado en la remodelación del parque principal del municipio, lo que sería materia de investigación.
Ante la gravedad del caso, los afectados solicitaron que se compulsaran copias a los entes de control, lo que derivó en la apertura de un proceso disciplinario contra el exalcalde. La Procuraduría ya investiga el presunto incumplimiento de funciones públicas.
El nuevo alcalde, Ricardo Andrés Acosta, tampoco ha concretado avances sustanciales en la obra. Aunque ha declarado que está cumpliendo con las órdenes judiciales, los ciudadanos denuncian que todo sigue estancado y las viviendas continúan sin construirse.
“El proyecto no era una promesa electoral, era un plan aprobado, estructurado y financiado con recursos públicos. Las familias viven en condiciones precarias, y esto representa un grave incumplimiento institucional”, agregó Bernal.
Mientras tanto, las 24 familias afectadas continúan esperando una solución. La frustración crece en medio de la burocracia, el silencio institucional y la incertidumbre sobre si algún día recibirán las viviendas que les fueron prometidas.
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