Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Procuraduría General radicó una acción popular contra EPM, Hidroituango S.A, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otras autoridades, relacionadas con el proyecto Hidrorituango, para que se investigue las afectaciones que las fallas en la obra han traído sobre las comunidades ubicadas en el norte y bajo Cauca de Antioquia.
El objetivo principal de esta acción popular es que sea de obligatorio cumplimiento que los encargados de Hidroituango brinden las ayudas necesarias a las comunidades principalmente a los habitantes del corregimiento Puerto Valdivia.
En el recurso el Ministerio Público advierte que tanto EPM como Hidroituango S.A han vulnerado de muchas formas los derechos de las comunidades y que una de estas formas ha sido precisamente “por el ocultamiento e inexactitud de la información que ha sido suministrada”, la cual, para el organismo de control “no ha sido veraz y tampoco confiable”.
Inclusive asegura la Procuraduría que EPM solo ha tratado de ocultar la realidad de la problemática.
Añade la acción judicial que también se vulneró el goce de un ambiente sano; la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales; y el derecho a la seguridad y prevención de desastres.
El recurso fue apoyado por los gobernadores de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar para que además se garantice el equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.
“La acción popular busca implementar por la vía judicial acciones de prevención en temas de protección de derechos de los afectados por toda esta crisis ambiental que se ha presentado”, dijo el procurador Carrillo Flórez, en una audiencia en Medellín.
Añadió el jefe del organismo de control disciplinario que cuando se falle el recurso el cumplimiento de la protección de estas poblaciones deberá ser obligatorio.
“Aquí puede haber mucho voluntarismo, muchas buenas intenciones, muchos compromisos en abstracto. Este país está lleno de listados de incumplimientos con las organizaciones sociales en los últimos 20 años. Una acción popular le pone orden a eso”, añadió el Procurador Fernando Carrillo Flórez.
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