El alcalde Andrés Hurtado enfrenta una vez más complicaciones legales en su gestión, ya que ha sido sancionado por desacato en un caso relacionado con el suministro de agua potable a una comunidad que ha luchado durante más de una década por su acceso básico.
El fallo provino del Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito de Ibagué, que determinó que el alcalde deberá pagar una multa de $3.480.000 por no haber cumplido con una sentencia de acción popular emitida hace 13 años. En aquel entonces, se ordenó la construcción de una red de acueducto para la vereda Carmen de Bulira, sin embargo, el proyecto no se materializó, lo que ha llevado a esta nueva sanción por desacato.
El juez a cargo del caso argumenta que se vulneraron las etapas esenciales del debido proceso en el proceso legal, ya que no se habrían respetado la contradicción y la defensa de los implicados, y la etapa probatoria no se llevó a cabo adecuadamente. Esta nueva sanción llega como un golpe adicional para el alcalde Hurtado, quien ya había enfrentado problemas legales en relación con la construcción de puentes peatonales en áreas rurales del municipio.
La decisión del juez resalta que, a pesar de las medidas temporales como el suministro de agua por medio de carrotanques y la entrega de tanques de almacenamiento, la comunidad de la vereda Carmen de Bulira continuó enfrentando dificultades en el acceso a agua potable. El agua de alta riesgo consumida en los años 2018 y 2019 subraya la urgencia de una solución duradera.
El proceso legal ha involucrado a Sandra Liliana García, actual Secretaria de Infraestructura del Tolima, quien en ese momento era Gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado Ibal. García señala que aún no ha sido notificada oficialmente sobre esta decisión, pero resalta que esto afectaría a la actual gerente de la empresa, Erika Palma.
El caso plantea preguntas sobre la responsabilidad y la efectividad en la administración local, así como sobre la calidad de vida de los habitantes de la vereda Carmen de Bulira y su acceso a un recurso esencial como el agua potable. Las implicaciones de esta nueva sanción en el panorama político local siguen siendo una incógnita mientras la Alcaldía busca inaplicar la medida a través de reuniones con las dependencias correspondientes.
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