La Secretaría de Planeación anunció que, tras más de una década sin actualización catastral, se identificaron miles de predios no registrados. El proceso abarcará más de 140 mil inmuebles y busca promover equidad tributaria sin afectar a los sectores más vulnerables.
La Secretaría de Planeación de Ibagué confirmó que se han identificado 13.000 nuevos predios que no estaban pagando el impuesto predial, como parte de un proceso de conservación realizado en 2024. Esta situación llevó a la adjudicación de un contrato por $14.550 millones para ejecutar una actualización catastral que no se hacía desde 2012 en la zona rural y desde 2018 en el área urbana.
Daniela Cabrera, secretaria de Planeación, explicó que la actualización permitirá levantar información precisa sobre el uso de suelo, propietarios, actividades económicas y tamaños de predios. Señaló que Ibagué ha crecido significativamente en los últimos años, con nuevas parcelaciones agroturísticas y desarrollos urbanos en zonas que aún figuran como rurales.
La funcionaria aseguró que esta medida no generará un “predialazo” como el ocurrido en 2019, ya que ahora se presentará al Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que establecerá un estatuto tributario con tarifas progresivas y justas. La propuesta busca proteger especialmente a los estratos 1 y 2, para que no se vean impactados negativamente.
Cabrera precisó que la actualización catastral alcanzará a 140.179 predios proyectados en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, esa cifra podría aumentar en un 12%, considerando los predios adicionales que se identifiquen durante el proceso. Además, se distinguirán aquellos sectores que actualmente pagan más de lo debido por falta de ajuste en su clasificación.
En el caso del área rural, la actualización será total, mientras que en el área urbana se realizará por polígonos. Estos incluirán comunas con desarrollo reciente y asentamientos que no están cumpliendo sus obligaciones tributarias por falta de registro catastral.
La secretaria recalcó que esta estrategia no se limita al recaudo de impuestos, sino que también permitirá reconocer barrios legalizados, actualizar propietarios y comprender la realidad territorial del municipio. La iniciativa, en palabras de Cabrera, busca garantizar equidad tributaria y justicia social.
Finalmente, se anunció que el proceso tendrá una duración de seis meses y concluirá el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con el cierre catastral anual. Durante el tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal se presentará el proyecto de estatuto tributario que reglamentará las tarifas y los incrementos progresivos del impuesto predial.
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