La administración de Andrés Fabián Hurtado impulsó en mayo de 2022 la tala de árboles en el terraplén del Parque Centenario para dar paso a un plan de “Infraestructura productiva y comercialización” financiado con recursos de cooperación internacional y créditos municipales, mientras críticos denuncian vínculos entre contratistas cercanos al exalcalde y la falta de transparencia en el SECOP.
El 2 de mayo de 2022, la Alcaldía de Ibagué arrancó centenares de árboles en el terraplén del Parque Centenario para ejecutar un ambicioso proyecto de remodelación ligado al programa “Infraestructura productiva y comercialización”, que disponía de $3.700 millones entre cooperación internacional y recursos propios.
A pesar de que los estudios y diseños —adjudicados en 2020 por $256 millones a través de Ibagué Limpia— motivaron un crédito municipal de $27.000 millones, el proceso adolece de información en el SECOP y de justificación clara para la inclusión de la iniciativa “Las vías vibran con movilidad” en un plan que no aborda la movilidad urbana.
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El concejo aprobó el préstamo sin mayor debate sobre su viabilidad y modificó la fuente de financiación de las metas, mientras Hurtado viajó al extranjero sin gestionar los fondos de cooperación internacional. Render Arquitectos clasificó el parque en tres zonas de intervención —conexión urbana, vocaciones culturales/deportivas y recreativas—, pero el diseño final favorece nueve proyectos de mobiliario, cuatro de ellos adjudicados a empresas vinculadas a socios del exalcalde y al exgerente de Ibagué Limpia, Carlos Uribe.
Entre las obras figuraban un centro gastronómico artesanal, un gimnasio, una cafetería y un parque de atracciones extremas, todas enclavadas en la antigua entrada del parque sobre la Calle 10, donde antes se encontraban los árboles emblemáticos. En su lugar, se instalarán estructuras de laminados y lonas que, según expertos, difícilmente soportarán la sombra y la humedad del clima tropical.
Los críticos advirtieron que, mientras se favorecen estos negocios privados, la ciudad enfrentaba graves problemas de desabastecimiento de agua y desidia en servicios públicos básicos. La tala masiva pasó casi desapercibida en su momento, pero hoy sus impactos ambientales y comunitarios reavivan el debate sobre la prioridad de recursos municipales.
Organizaciones ciudadanas y concejales de oposición como la Veeduría Ciudadana Cuidadores del Parque Centenario exigen la rendición de cuentas y solicitan al nuevo gobierno municipal implicar a la Veeduría Ciudadana y a la Contraloría del Tolima en una auditoría integral del proyecto. Acusan a la administración anterior de privilegiar intereses particulares por encima del bienestar colectivo y de ocultar la información contractual en plataformas públicas.
A tres años de la tala, el Parque Centenario espera todavía el comienzo de las obras y denuncia el abandono de sus espacios verdes, reemplazados por manchas de tierra y escombros. La comunidad reclama un proyecto sostenible que rescate el patrimonio arbóreo, garantice la durabilidad de las intervenciones y responda a las necesidades reales de movilidad, recreación y espacio público.
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