La Veeduría de Servicios Públicos y la Asociación ASOTPC advierten que, pese a un amplio marco legal, el SETP, la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía y empresas operadoras no garantizan un servicio accesible ni digno. Se criticó la carencia de compromisos reales tras reuniones técnicas, problemas en la implementación de busetas adaptadas y fallas estructurales que mantienen excluida a una población vulnerable.
La Veeduría de Servicios Públicos de la Arboleda del Campestre y la Asociación ASOTPC de Ibagué levantaron la voz con firmeza. Señalan que el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía local y empresas operadoras están incumpliendo los compromisos mínimos para ofrecer un transporte inclusivo y dignificante. La denuncia se produce a pesar de un marco legal robusto que garantiza derechos fundamentales a este grupo poblacional.
Después de múltiples denuncias ciudadanas, derechos de petición y evidencias en medios locales, el gerente del SETP, Aquileo Medina, convocó una Mesa Técnica de Movilidad Reducida. Participaron la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Secretaría de Movilidad y transportadores, pero no se firmó ningún acta con compromisos concretos que permitan avanzar hacia un transporte con inclusión y calidad.
Durante la reunión, Cotrautol afirmó que dispone de la mayor flota de busetas con plataformas destinadas a personas con movilidad reducida y presentó un video como prueba. No obstante, no entregó un plan de ejecución para asegurar su funcionamiento real, lo que acrecienta la desconfianza sobre la eficacia del sistema.
Con el respaldo del concejal Joseph González, la Veeduría interpuso una acción popular para exigir que las 41 busetas con plataforma, previstas desde 2018, cumplan con su función. Según la Ley 769 de 2002, estos vehículos deben responder a criterios de accesibilidad vial, pero en la práctica no operan conforme a lo estipulado.
Las críticas alcanzan también a las empresas Expreso Ibagué y Movilizando Ibagué. Según ASOTPC, no demuestran voluntad ni capacidad para garantizar un transporte con acceso, calidad y seguridad. Se denuncian altos sobrecostos y operación improvisada que afectan tanto a usuarios como a propietarios.
La problemática trasciende la falta de accesibilidad: el sistema enfrenta fallos estructurales como la prórroga de contratos de semaforización y la inexistencia de terminales adecuados para transportadores. La administración reconoce, en un borrador de decreto, que los operadores carecen de recursos para sostener la operación y administrar la flota de forma eficiente.
A pesar de contar con leyes como la 1618 de 2013, el Decreto 1079 de 2015 y el más reciente Decreto 1266 de 2024 —que ratifica el carácter esencial del transporte público con estándares de calidad, responsabilidad y accesibilidad— las normas siguen sin aplicarse efectivamente en Ibagué.
Organizaciones sociales y ciudadanas concluyen que la situación refleja una preocupante falta de voluntad política, legal y empresarial. En consecuencia, cientos de personas con movilidad reducida permanecen excluidas, sometidas a un servicio inadecuado, inseguro y que vulnera su dignidad y derechos fundamentales. Exigen acciones inmediatas, verificables y responsables por parte de todas las instancias involucradas.
-TV STREAMIGN REGIONAL -
TRANSFORMA TU VIEJO TV EN SMART
GANA DINERO CON TU TRÁFICO
